Francisco Fernández lleva casi tres décadas en la pyme constructora Jubuconsa, de Jaén, a la que está ligado a través de su familia. Desde hace un mes preside la patronal andaluza Ceacop, la más combativa de la comunidad en la defensa de los intereses de este atribulado sector, para el que no vislumbra ninguna salida clara a corto plazo.
P. Los constructores andaluces denunciaron su exclusión del plan de pago a proveedores de 2012. ¿Qué deuda viva se mantiene hoy?
R. Los datos no son muy claros, pero rondan los 500 millones de euros de distintas administraciones. De ellos, más de 400 millones corresponden a la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. Presentamos expedientes de reclamación de pago sobre obras no legalizadas, no fiscalizadas por la propia administración y todavía no hemos recibido respuesta alguna de la Junta. En concreto, de nadie de la consejería de Hacienda, ante la que se presentaron los expedientes por valor de 124 millones. Ante eso, creo que alguien tendrá que decir algo, aunque sea no tenemos dinero, o no nos creemos estos expedientes y es que a lo mejor nos hemos equivocado nosotros. El que calla otorga.
P. ¿No hay ninguna vía para acogeros al nuevo plan de pagos para 2013? ¿Queda esa deuda en un limbo?
R. En las reuniones que hemos mantenido con distintas administraciones lo que se nos traslada es que no hay presupuesto, y por tanto no pueden comprometerse a nada. Buenas palabras, apoyo, aunque sin engaños porque no hay presupuesto y no quieren pillarse los dedos. Está anunciado un segundo plan para junio, pero ahora mismo no hay nada pues los departamentos de la Junta no saben qué podrían incluir y que no, y hasta dónde pueden llegar. En mes y medio sabremos si realmente hay un segundo plan y por qué importe -sobraron 4.000 millones del anterior. También hay que conocer el objetivo de déficit autonómico. Todo está por definir.
P. ¿Hay nueva morosidad desde el anterior plan de pagos?
R. De enero hasta ahora, la deuda generada no debe de ser mucha porque no se está haciendo casi nada. Licitaciones en el último año y medio, quitando el Plan Ola que fue poco dinero, prácticamente nada. Ahora se van a reiniciar algunas obras que se pararon hace tres años. Lo que nosotros nos preguntamos es que, sino llega a ser por los planes de pagos y el FLA, ¿dónde estaríamos hoy? Y hay que decir claramente que hay organismos de la Junta que recibieron fondos de esos instrumentos para pagar a proveedores pero no han abonado todas sus deudas y no sabemos por qué.
P. Los constructores, a escala nacional, piden que se liquide el nuevo plan de pagos antes de verano. ¿Piensas que podrá ser así?
R. Yo lo que pido es seriedad, no podemos estar sujetos a cobrar en función de planes de pago o fondos de liquidez autonómicos. Esto no es serio. Cada vez que se pague, ¿vamos a tener que pasar por la administración central? Suena a cachondeo y necesitamos que alguien nos explique qué pasa aquí. Porque, para eso, que quiten las autonomías. Si van a pagar a través de fondos que genera Madrid, ¿para qué están entonces? Si una administración tiene que estar obligando a las demás administraciones, que las quiten. Entiéndeme, quiero decir que sería para pensárselo que sigan existiendo o no de esta manera.
P. Pero el presupuesto de la consejería de Fomento sí prevé mantener algunas obras en marcha...
R. El presupuesto de la consejería de Fomento, a día de hoy, no sabemos cuál es. A día de hoy, 15 de mayo, la Agencia de Obra Pública no tiene presupuesto. La dirección económica del Servicio Andaluz de Salud no nos recibe porque aún no tienen presupuesto. Si a mayo no tienen presupuesto, ¿para qué sirven estos entes?
P. Entonces, ¿el año está perdido?
R. Nosotros creemos que sí. Lo malo es que el 2014 viene igual.
Perspectivas
P. La Cámara de Cuentas cifra en 1.500 millones los gastos plurianuales en el limbo, sin asignar y que no se sabe cómo se van a pagar...
R. Pero es sólo un toque de atención, no tiene consecuencias porque la Cámara no puede sancionar. Esa situación no es delito, es una irregularidad contable, según señalaban.
P. ¿Qué futuro veis las pymes de este sector con esta situación?
R. Negocio de obra civil y privada no va a haber en los próximos años casi nada. El 80 por ciento de las que salen vuelven con malas experiencias, aunque nosotros vamos a potenciar la internacionalización con ayuda de Extenda. Pero es difícil, hay que salir cuando creces, no cuando están yéndote a las trincheras. Salir a hacer, no a vender fuera, es muy complicado.
P. A principios de año hubo una oleada de quiebras de grandes empresas. ¿Se ha tocado ya suelo?
R. Seguirá habiendo concursos mientras siga habiendo empresas [sonríe], pero quedan tan pocas que ya cada vez hay menos concursos. Son más las empresas que han cerrado que las que han ido a concurso. Las más grandes son las que más suenan y son las que tenían más deuda financiera. Si además la administración le impaga, están listas.
P. Pero, ¿se puede caer más?
R. En inversión pública el 2014 será peor, habrá menos gasto. A no ser que se den cuenta, y parece que se están dando cuenta, de que este sector puede levantar la economía. Pero estamos tan demonizados que no tengo claro qué pasará.
P: ¿Hay nichos que pueden animar al sector?
R. La inversión privada en vivienda, excepto algunos ejemplos muy concretos, no creo que despegue. Siguen sobrando más de 700.000 viviendas. Si a ello le añadimos un decreto andaluz sobre desahucios, que ha puesto nervioso al sector... Se estaba animando la venta de viviendas en la Costa del Sol a principios de año, incluso fondos de pensiones e inversión que buscaban comprar urbanizaciones enteras. Valiente es que el se ponga a promover algo. Los datos indican que la inversión privada está totalmente parada. En rehabilitación se quiere apostar por parte de la Junta, pero ¿cómo? ¿Autorehabilitación? ¿Se va a pagar: cómo y cuándo? Porque las ayudas a la VPO desde 2008 a 2012 se ha anunciado que no se van a pagar. ¿Ahora vamos a dar nuevas ayudas? ¿Por qué no pagamos lo que debemos, en lugar de anunciar nuevas ayudas? El ciudadano ya no se lo cree, y las empresas menos.
La Junta acumula 1.500 millones en obras fantasma
