Bruselas estudia el impacto del decreto andaluz en la banca.
Elena Cortés, consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, definió ayer en las dependencias de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados como una "estafa hipotecaria" la situación vivida en la última década en el mercado de la vivienda en España. Para solucionarlo, abogó por que todos los hipotecados, tanto si pueden hacer frente al pago de la deuda o no, o tengan o no empleo, deben obtener una quita de ese préstamo.
Cortés, uno de los tres consejeros del Gobierno de Andalucía en representación de IU, argumentó que el precio de la vivienda ha crecido un 210 por cien en los últimos diez años y que las hipotecas se han firmado con cláusulas abusivas. Esa quita sería su solución para arreglar esta "estafa".
El departamento de Cortés ha impulsado el decreto ley aprobado la semana pasada por la Junta, y ya en vigor, que prevé multas de hasta 9.000 euros para las personas jurídicas con viviendas deshabitadas y expropiaciones de tres años para quienes vayan a ser desahuciados y se encuentren en "emergencia social", entre otros criterios. Precisamente ayer se conoció que la Comisión Europea está estudiando el efecto de ese decreto sobre las entidades financieras españolas, especialmente sobre las nacionalizadas con dinero europeo. En el acuerdo por el que España recibió de la UE 40.000 millones para recapitalizar el sistema financiero se establecía que Bruselas analizaría todas las regulaciones que afectaran a la banca. Ya lo hizo con el decreto de paralización de desahucios del Gobierno de diciembre pasado.
Por su parte, también en el Congreso, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que el decreto andaluz perjudicará a los jóvenes que pidan una hipoteca y al sector constructor. Cortés le contestó luego que el crédito sigue sin fluir pese a las ayudas a la banca y que la Junta apuesta por rehabilitar "lo que genera tres veces más empleo que construir vivienda nueva".
