El presidente de la Junta deriva la responsabilidad a la consejería de Empleo, niega que recibiera avisos de la Intervención sobre los problemas en el fondo para ERE y dice que es la Intervención la que tenía que haber solucionado esos problemas.
José Antonio Griñán se convirtió ayer en el primer presidente de la Junta que comparece en una comisión de investigación parlamentaria, la que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía, y que es la primera que se crea en el Parlamento en 17 años. En ella reiteró la línea de defensa del Gobierno andaluz frente al caso seguida desde que se destapó a raíz del caso Mercasevilla y salpicó, desde febrero de 2011, a toda la política de Empleo de la Junta. Esta comparecencia, y la de su antecesor, Manuel Chaves, cierran la comisión de investigación que comenzó en agosto.
Primero, él no recibió los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de deficiencias en el procedimiento de concesión de las ayudas -que no menoscabo de fondos públicos, reiteró Griñán-. Segundo, justificó la opacidad y deficiencias del convenio de 2001 que regulaba la concesión y pago de ayudas -y que criticó el interventor general en su declaración ante la comisión de investigación- en que en que no exisitía en ese año Ley de Subvenciones ni Ley de Administración de la Junta de Andalucía. Tercero, señaló que en el consejo de Gobierno jamás se debatieron esos asuntos (su predecesor, Manuel Chaves, dijo lo contrario por la mañana) y en las actas de los mismos entre 2001 y 2010 que ha pedido la juez que instruye el caso en un juzgado de Sevilla, Mercedes Alaya, no hay nada que se refiera al asunto de los ERE, desveló.
Y, cuarto, refiriéndose a su responsabilidad como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, aseguró que Hacienda tiene la competencia principal sobre los ingresos, "pero no puede inmiscuirse en qué, cómo y cuándo se ejecuta el gasto". Se apuntó así a la teoría de los compartimentos estancos en la que se han amparado otros exconsejeros como su antecesora, Magdalena Álvarez, para eludir responsabilidad alguna sobre cómo se gastó el dinero para ERE.
Preguntas sin respuesta
No contestó sin embargo a la falta de publicidad del procedimiento para poder acogerse a las ayudas, que denunció el PP; y eludió también calificar de legales las ayudas que se concedían discrecionalmente a ayuntamientos o empresas del PSOE o de militantes del PSOE. Tampoco aclaró qué hizo él y el resto de su Gobierno desde que, como aseguró Griñán, denunció el caso Mercasevilla ante la fiscalía en 2008 y estalla el escándalo en plenitud a principios de 2011.
Además, y de manera sorprendente, Griñán endosó a la Intervención General la responsabilidad de haber propuesto medidas de mejora al procedimiento, sobre cuyas definciencias informó ya en 2005 y hasta en 14 ocasiones más. La diputada de IU, Alba Doblas, había recordado la metáfora que el interventor general, Manuel Gómez, hizo al declarar ante la comisión: que la Intervención detectó un incendio y alertó de él, pero la Junta parecía necesitar que le confirmaran por carta que la casa estaba ardiendo. Griñán recogió el guante y se despachó así: "El bombero tenía que haber actuado ante el fuego, no la Junta".
Carlos Rojas, portavoz del PP en la comisión, preguntó, también sin éxito sobre la responsabilidad política de Griñán y sus gobierno desde que llegó al cargo en 2009 y acabó preguntando: "¿Si usted no asume la responsabilidad política, quién la va a asumir?"
Chaves se entera por la prensa
Por su parte, Manuel Chaves, expresidente de la Junta, se enrocó igualmente en la defensa de la legalidad del procedimiento ideado en 2001 por su consejero de Empleo en esa fecha, José Antonio Viera, y el que fuera su sucesor y entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, imputado y en libertad bajo fianza en el caso que instruye la juez Mercedes Alaya. Reconoció no obstante que el procedimiento para conceder las ayudas era discrecional y que la consejería de Empleo no consideró necesario cambiarlo pese al informe de la Intervención General de 2005 referido al año 2003. Y aseguró, sorprendentemente, que la mayoría de la información sobre el caso la ha recibido a través de la prensa. "No he celebrado reuniones formales con el PSOE para tratar este asunto, aunque sí he tenido conversaciones de café y telefónicas con compañeros del partido".
El expresidente andaluz entre 1990 y 2009 se ha mostrado confiado en que no va a ser procesado por el mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía y defiende la "presunta inocencia" Fernandez. "Calificar el programa 31.L de opaco o de fondo de reptiles es una desmesura y una calificación intolerable propia de una mente perversa", defendió Chaves. Este programa, que fue denominado de esa forma por el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero -encarcelado actualmente-, "fue conocido y aprobado por el consejo de Gobierno", aseguró Chaves.
Según él, toda la responsabilidad sobre la ejecución de ese programa y el procedimiento que se utilizaba para ello era de la consejería de Empleo. Preguntado por el PP acerca de por qué se apoyó con fondos públicos determinados ERE de determinadas empresa sobre los 1.500 ERE registrados en Andalucía entre 2001 y 2010, el expresidente no contestó con claridad y reiteró que es posible que el procedimiento tuviera que ser más concreto.
