Los socialistas, con apoyo de su socio de gobierno IU, relegan al viernes 3 de agosto la declaración del presidente andaluz y su antecesor, con la oposición del PP. Un día antes comparecen Javier Arenas y Eduardo Zaplana.
PSOE e IU, los socios de Gobierno en la Junta de Andalucía, han pactado que los primeros espadas socialistas implicados en el escándalo de los ERE entre 2001 y 2010 declaren en plenas vacaciones de agosto en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz. Tratan con ello de esconderlos y que la repercusión de su presencia en esa comisión sea la menor posible en la opinión pública.
En concreto, el expresidente de la Junta Manuel Chaves declarará el viernes 3 de agosto, el mismo día que José Antonio Griñán, presidente actual. Antonio Ávila, consejero de Economía y Empleo (la consejería donde está el foco de la corrupción) y Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda -ambos, manos derecha de Griñán cuando este fue consejero de Economía entre 2004 y 2009-, acudirán respectivamente el 31 de julio y el 1 de agosto.
Este calendario, que no fue pactado con el PP quien ya ha expresado su rechazo al mismo, incluye que Javier Arenas y Eduardo Zaplana, en su condición de exministros de Administraciones Públicas y Trabajo, respectivamente, durante parte del periodo investigado, comparezcan el jueves 2 de agosto. También declarará el actual alcalde de Sevilla y futuro presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, que fue delegado del Gobierno central en Andalucía entre 2002 y 2004.
También han sido llamados a declarar los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías (1 de agosto) y de Economía Magdalena Álvarez (hoy vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones). En total, comparecerán 25 personas, frente a las 135 que pedía el PP. PSOE e IU quieren dejar finiquitada la comisión, la primera que se crea en 17 años en Andalucía, en septiembre.
Coincidiendo con la publicación de este calendario de comparecientes se conoció también que los diputados andaluces se rebajan el sueldo desde este mes de julio un 6 por ciento, el personal del Parlamento un 5 y el presidente, un 10 por ciento.
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