
Dos grupos de empresas constructoras, uno a través de la patronal Ceacop y otro de forma independiente, han reclamado a la consejería de Hacienda que les abone obras plenamente reconodias pero no facturadas y que han quedado fuera del plan de pagos.
El tremendo problema causado en Andalucía por la pésima gestión económica desarrollada por las consejerías de Obras Públicas, Medio Ambiente y Salud -fundamentalmente- en la gestión de sus presupuestos para infraestructuras en el último lustro va camino de convertirse en un importante embrollo judicial y administrativo. Estos departamentos, que obligaron a las empresas constructoras a las que contrataban a no facturarles ante la falta de presupuesto para asumir los trabajos y las modificaciones presupuestarias ocurridas durante su ejecución, adeudan a empresas andaluzas del sector hasta 1.200 millones, que han quedado fuera del plan de pagos de la Junta como avanzó en exclusiva elEconomista hace unos días.
Pues bien, ahora dos grupos de constructoras han dado un paso al frente y han acudido a la consejería de Hacienda para reclamar por vía administrativa el pago de 70 millones de euros. Un primer grupo, que ha reclamado bajo el paraguas de la patronal Ceacop para evitar "represalias" de la Junta según palabras de esta patronal, ha exigido 60 millones. Se trata de una reclamación conjunta de más de 100 expedientes de obras finalizadas y con reconocimiento expreso y documentado de deuda por parte de la Junta de Andalucía. Otro grupo de empresas ha reclamado otros 10 millones de forma independiente.
La gerente de Ceacop, Ana Chocano, afirma: "Nuestra lucha es salvar a un sector que está muriendo, lo están dejando morir. Son muchas las empresas en concurso de acreedores, que han desaparecido o que no han tenido más remedio que plantear ERE". "Se está haciendo mucho daño a la obra pública y recortando en inversión en infraestructuras no se sale de la crisis, sino que se cierran las puertas a la oportunidad de crear empleo". Esta patronal denuncia que desde el inicio de la crisis se han perdido cerca de 300.000 empleos en el sector en la comunidad. "Por parte de la Administración, se ha reprogramado y recortado inversiones y a día de hoy tenemos una tasa de paro del 33,2%", concluye.