El conocimiento, tal y como avanzó 'elEconomista' el pasado viernes, de que Andalucía es una de las dos únicas autonomías españolas junto a País Vasco que tiene interrumpido provisionalmente el pago de fondos Feder desde finales de 2011 ha causado un fuerte impacto en la comunidad, que recibe anualmente unos 1.350 millones en derivados de ese fondo estructural.
El Gobierno andaluz ha tratado de negar la realidad, que se conoció a raíz de la visita de una comisión de control de europarlamentarios durante la pasada semana a Valencia y Madrid, pero tanto el informe de auditoría de 2010 realizado por el Tribunal Europeo de Cuentas de Luxemburgo y presentado a final de 2011, como el informe anual de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea de 2011 presentado en marzo pasado -que detalla las medidas tomadas sobre la base del documento de los auditores comunitarios- no dejan lugar a ninguna duda.
Andalucía, con un porcentaje de pagos procedentes del Fondo Feder en los que se ha detectado riesgo de irregularidades que como poco duplica la media nacional -en un porcentaje de entre el 7,5 y el 15 por ciento, frente al promedio español del 4,1 según la citada dirección general-, ya apareció en la auditoría de noviembre de 2011 como una de las regiones donde ese índice era muy superior a la media, tanto española como europea -del 4,7 por ciento-.
Matices entre regiones
Se le envió entonces, y a raíz de esos índices, una carta de interrupción de los pagos del Feder que afecta al conjunto del programa. Esta situación sólo es comparable a la de País Vasco, aunque por motivos distintos a Andalucía.
Los otros 17 gobiernos regionales -incluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- tienen tasas de irregularidades muy inferiores -a excepción de Valencia y Baleares- pero las reservas expresadas por la dirección general sólo afectan a parte del programa Feder que se ejecuta en ese territorio, y no al conjunto del mismo como le ocurre a Andalucía. Es decir, la comunidad gobernada por el PSOE e IU tiene congelada la parte que gestiona ella misma y la que le llega vía Gobierno central. Las 17 autonomías restantes sólo han visto paralizada la que procede de Madrid.
La Junta de Andalucía señaló la pasada semana que las irregularidades se refieren a un caso concreto, una obra de infraestructura en la que se invirtieron 300 millones y que contaba con apoyo del Feder por 200 millones. En efecto, el informe anual de la dirección general recoge que los problemas han surgido con un solo organismo -en el caso de País Vasco la discrepancia atañe a todos los organismos que intermedian en la gestión de esos fondos europeos a la comunidad- en Andalucía. Pero lo elevado del monto sobre el que hay dudas ha derivado en lo que técnicamente se denomina carta de interrupción.
El Gobierno andaluz asegura que no hay tal interrupción y que en este mismo mes ha recibido un pago de 150 millones. Fuentes comunitarias explicaron ayer que ese pago es compatible con la interrupción decretada y que puede deberse a compromisos anteriores.
Entidades
Bruselas bloquea fondos por irregularidades
