La consejería de Hacienda andaluza, ante la presión de algunas patronales de la construcción, ha acordado con estas solicitar al Gobierno central que las certificaciones técnicas de obras no facturadas sirvan para acogerse al plan de pago a proveedores.
La Junta de Andalucía ha acabado reconociendo, de forma indirecta, el sistema alegal con el que ha venido trabajando desde hace años con las empresas andaluzas de la construcción. Tras las reiteradas denuncias de la patronal andaluza Ceacop, a la que luego se le sumaron las patronales provinciales asociadas a la gran patronal andaluza CEA (a la que no pertenece Ceacop, mucho más beligerante contra la Junta de Andalucía), la asociación Fadeco (integrada en CEA) ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con la patronal sevillana Gaesco y la consejería de Hacienda andaluza para reclamar al Gobierno central que introduzca una adenda en el acuerdo del consejo de política fiscal y financiera que reguló en marzo el plan de pago a proveedores de los gobiernos autonómicos.
Esa adenda pretende que la "aprobación técnica" de las obras terminadas a 31 de diciembre de 2011 en la Andalucía (certificaciones de obra, liquidaciones, modificados complementarios, revisiones de precios, etc.), sea aceptadas dentro del plan de pagos a proveedores diseñado por el Gobierno Estatal. Es decir, que la propia Junta de Andalucía reconoce la no existencia de facturas en su relación de trabajo con las constructoras, una manifiesta alegalidad que algunas empresas de la construcción han descrito directamente como un chantaje que la consejería de Obras Públicas planteaba a las constructoras. "Si se les hacía la factura pese a la recomendación en contra, dejabas de trabajar con la Junta", explicó a elEconomista a final de abril un experimentado constructor andaluz.
Ceacop ha cuantificado en 400 millones de euros el volumen de obra directamente no facturada, pero sí finalizada y puesta en servicio, en los tres últimos años. A ellos se sumarían otros 300 millones en distintas fases del proceso administrativo que no han sido incluidos en el listado de facturas pendientes enviado por la Junta a Hacienda, y que incluía facturas de proveedores de la Junta por casi 2.800 millones.
Fadeco y Gaesco no han ofrecido sin embargo ninguna cuantificación. La tramitación administrativa de todo ese ingente volumen de obra, y en esto sí coinciden todas las patronales, se ha atrofiado voluntariamente por parte de la Junta para no incluir esos pagos en su deuda pendiente y evitar así incrementar las cifras de déficit. El plazo para acogerse al plan de pago a proveedores acaba el día 15 de mayo.
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