Rediseñar el presupuesto, reestructurar la organización administrativa y mejorar la gobernanza, tareas inmediatas. Junto a ello, un ajuste de envergadura.
El nuevo Gobierno de Andalucía, sea cual fuere el resultado de las urnas, tendrá que hacer frente a problemas muy serios y de muy diversa naturaleza en el ámbito económico, aunque no todos ellos son resolubles mediante la mera acción pública. Las guías de acción para la Junta podrían dividirse en tres planos diferentes.
El primero atañe a las cuentas públicas: rediseño del presupuesto, deudas con proveedores y limitación del déficit. El segundo a la reestructuración de la organización administrativa y de la forma de prestación de los servicios públicos. El tercer plano consiste en la mejora de la gobernanza, entendida ésta como el conjunto de normas, prácticas y procedimientos desplegados para el cumplimiento de las funciones asumidas por la administración autonómica. Cabe considerar que los dos partidos aspirantes tienen orientaciones diferentes, manifestadas en sus programas y en sus experiencias de gobierno, pero la restricción presupuestaria es similar para ambos.
No se van a ampliar las transferencias exteriores, no se va a elevar la base fiscal andaluza y no va a ser fácil obtener financiación a un precio razonable, de modo que ya sea vocacional o forzadamente el nuevo Gobierno ha de producir un ajuste de envergadura, tanto en el consumo como en la inversión pública, y aquí será inevitable establecer preferencias sobre los servicios que hay que mantener, los que hay que reducir y los que se pueden eliminar; ello aparte de suprimir aquellos órganos en los cuales es difícil identificar la más mínima utilidad pública.
La diferencia entre uno y otro partido es que el gobernante es prisionero de su actuación pasada, de sus compromisos con las organizaciones sindicales, e incluso de una ideología de amparo y reparto que le ha dado buenos resultados. A él, no a Andalucía. El otro partido no tiene más compromisos que los que decidiera adoptar a partir de ahora y, según la propaganda en su contra, cualquier recorte que no consista en suprimir la función pública sería visto como una acto de contención.
