Francisco Javier Guerrero, que declara en la primera de las dos jornadas previstas ante la juez Mercedes Alaya, ha asegurado que ningún miembro del Gobierno andaluz era ajeno al uso del fondo de reptiles entre 2001 y 2008, cuando estuvo en su cargo.
Francisco Javier Guerrero ha declarado ante la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso del fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo en los que se introducía a trabajadores que nunca formaron parte de las empresas que los presentaban, que todo el gobierno andaluz durante los años en que él ocupó el cargo de director general de Empleo de 2001 a 2008 conocía el procedimiento de concesión irregular de ayudas sociolaborales y a empresas. Esas cantidades, cifradas en algo más de 700 millones, se correspondían con la partida 31L del presupuesto andaluz y fueron denominadas por el propio Guerrero como 'fondo de reptiles'. Tanto Guerrero como sus dos sucesores en el cargo, incluido el actual director general de Trabajo Daniel Rivera, están imputados en el sumario. En total hay más de 50 encausados.
La juez, antes de iniciar su declaración, le ha acusado de cuatro delitos: cohecho (soborno), malversación, prevaricación y tres tipos de falsedad. Guerrero ya ha declarado en dos ocasiones ante la Guardia Civil.
Para explicar su argumento de que todo el Gobierno andaluz conocía el sistema del fraude, ha recordado que junto a la consejería de Empleo en la que él trabajaba, en la distribución de los fondos estaba implicada también la consejería de Innovación a través de la agencia Idea, que era la que efectuaba los pagos como ente instrumental. "Nadie del gobierno puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas", ha sentenciado el que hasta ahora la propia Junta ha señalado como el cerebro de los ERE. Su intención ha sido la de elevar el ámbito de la responsabilidad y dar a entender que los 'cerebros' del fraude estaban por encima de él.
Además, citó los nombres del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, que se interesaba ante él por las ayudas del fondo de reptiles que iban a parar a Jaén (su provincia natal); de José Antonio Viera, el consejero de Empleo que le contrató y que se interesaba por el dinero que iba a parar a empresas de los amigos de este exconsejero y hoy senador en la Sierra Norte de Sevilla; de Isaías Pérez Saldaña, actual presidente del parque tecnológico Cartuja 93 y que le preguntaba por los fondos para las minas que cerraron en la Faja Pirítica de Huelva (Saldaña es de Ayamonte, Huelva).
Reparos y papeles
Y también citó en concreto a Manuel Chaves, ya que el gabinete de presidencia de la Junta le escribió para pedirle que arreglara los problemas en la empresa de detergentes Bilore, que iba a ser visitada por el expresidente andaluz, exvicepresidente y hoy diputado, y en cuya visita no querían problemas desde Presidencia.
Junto a ello, Guerrero ha detallado que nunca se le pusieron reparos a la hora de conceder las ayudas y que todas ellas eran tratadas en el consejo de dirección de la consejería de Empleo, con asistencia de los consejeros y viceconsejeros de turno. El exdirector trabajó a las órdenes de José Antonio Viera y de Antonio Fernández, este último ya imputado en la causa. Adicionalmente, ha relatado que trabajó codo con codo con el actual diputado socialista en el Parlamento andaluz Ramón Díez, quien le suplía en todas las labores que podía hacer él mismo excepto en las conversaciones con las aseguradoras Vitalia y Uniter.
En cuanto a la posible destrucción de papeles en la consejería de Empleo tras destaparse el escándalo a raíz del fraude descubierto en el ERE de Mercasevilla en 2010, Guerrero aseguró que los expedientes de los ERE estaban completos cuando él dejó la consejería y que ahora no lo están. Y que desconoce los motivos por los que ahora no lo están, puntualizando que, en su opinión, sólo el consejero de Empleo o el viceconsejero tienen capacidad para destruir documentos. La consejería ha negado que se hayan destruido documentos.
La juez de los ERE imputa al hermano del expresidente de la Junta
