Las fiscalía pide a la juez Mercedes Alaya que solicite a ambos bufetes datos sobre su relación de asesoramiento con la consejería de Empleo, agencias públicas, empresas, trabajadores y asociaciones de trabajadores implicadas en el escándalo entre 2001 y 2011.
La fiscalía Anticorrupción quiere conocer mejor la implicación de los despachos de abogados Garrigues y Estudio Jurídico Villasís en el macroescándalo de los ERE fraudulentos, el mayor caso de malversación de fondos públicos de la historia democrática de Andalucía. Para ello, ha solicitado a la juez Alaya que ambos aporten "justificación documental de todos los asesoramientos técnicos/jurídicos prestados y facturados a empresas o asociaciones en relación con las ayudas solicitadas y/o recibidas de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, ayudas con destino a empresas en crisis o sujetas a expedientes de regulación de empleo o planes de prejubilación parcial desde 2001 a 2011, así como a sus trabajadores".
El fiscal solicita a la juez que ambos despachos "aporten, en su caso, copia de los contratos de asesoramiento, facturas emitidas y cobradas e identidad del pagador, así como identidad de los asesores de los despachos en cada caso intervinientes".
"Con la misma finalidad", pide que la Agencia Tributaria elabore un informe "sobre operaciones declaradas por las sociedades y despachos de letrados reseñados con otras sociedades y entidades que hayan sido beneficiarias de los fondos públicos objeto de investigación, sociedades mediadoras -en particular Vitalia Vida y Uniter- y compañías de seguros que hayan formalizado pólizas objeto de investigación, así como a la propia Junta de Andalucía y entidades y agencias públicas dependientes de la misma".
Relación con el fondo de reptiles
El denominado fondo de reptiles por la persona que lo administró entre su nacimiento en 2001 y hasta 2008, el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero, utilizó más de 700 millones durante esos años -y al menos hasta 2010- para subvencionar expedientes de regulación de empleo y ayudas a empresas en dificultades. Alrededor de 60 millones se destinaron a ese segundo fin.
Guerrero ya declaró a la Guardia Civil que Garrigues asesoraba en materia laboral a la consejería de Empleo desde 1999 y apuntó a que el convenio firmado entre esta consejería y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, hoy Idea) en 2001 para poner en marcha ese fondo de reptiles se redactó también con apoyo de este bufete. Garrigues cuenta en Sevilla con un importante número de abogados laboralistas cuyo prestigio es conocido en toda España.
Tanto este bufete como el sevillano Villasís tienen, respectivamente, a dos abogados imputados en relación a la investigación sobre sendos ERE, en los que se han detectado a personas que cobraron prejubilaciones sin haber trabajado nunca en las empresas que los presentaban. En el caso de Garrigues, se trata de dos abogados, uno de ellos socio del despacho, por el ERE de la aceitunera sevillana Acyco, en el que llegaron a pedir a través de esta firma una ayuda pública de la Junta para pagarse su propia minuta de 110.000 euros, según el auto de la juez Alaya del pasado 27 de enero. En cuanto a Villasís, está imputado su fundador -Carlos Leal Bonmatí- y otro empleado del despacho por el ERE de Surcolor.
Anticorrupción ha pedido también a la juez que llame a declarar a esos cuatro abogados, junto a otros cargos de CCOO; aseguradoras; y empresas que se acogieron a esos ERE.
Petición de declaraciones
Junto a esa amplia solicitud de información cara a los abogados, Anticorrupción también solicita, por segunda vez en las últimas semanas, que declaren cuanto antes para poder avanzar en la investigación el actual director general de Empleo de la Junta, Daniel Alberto Rivera, el primer cargo del actual Gobierno andaluz imputado en la causa; y su antecesor, que ocupó el cargo justo después de Guerrero, Juan Márquez.
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