La Junta de Andalucía y el Gobierno central no han logrado pergeñar el apaño jurídico que permitiera al Ejecutivo autonómico salvar la cara y seguir manteniendo la gestión del río tras la sentencia del Alto Tribunal.
El Guadalquivir se ha convertido, por la obcecación de la Junta en controlarlo en contra del criterio establecido en la Constitución, en el mayor fracaso de la gestión hidrológica de la historia de Andalucía. El Gobierno regional se ha visto obligado a devolver las competencias sobre el río al Estado, lo que supone traspasar 848 trabajadores (229 plazas están vacantes), 53 de los 57 embalses de la cuenca y dejar de gestionar 78 millones de euros al año en cánones.
Lo hace siete meses depués de que el Tribunal Constitucional dictaminara que es nulo de pleno derecho el traspaso de esas competencias acordado en octubre de 2008, hace ahora justo tres años. Esa cesión de competencias daba cumplimiento al artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, por el que la Junta se autoarrogó las competencias sobre las aguas del río que discurrieran dentro de la comunidad (el 90 por ciento de la cuenca). El Gobierno (entonces también en manos del PSOE) de Extremadura recurrió ese artículo y el Alto Tribunal le dio la razón.
"No queremos un pleito, queremos una transferencia pacífica desde el punto de vista político, respetuosa con el TC y que nos permita un nivel de gestión razonable y tranquilo que dé certeza a los trabajadores", ha explicado Mar Moreno, consejera de Presidencia andaluza. La Junta mantendrá no obstante la vía política para intentar que las Cortes Generales aprueben la delegación de competencias sobre el río basándose en el artículo 150.2 de la Constitución, para lo que el Parlamento andaluz tramita una resolución que tiene el respaldo de los tres grupos políticos (PSOE, PP e IU), ha anunciado la consejera.
Satisfacción
Esta devolución -la primera de una competencias transferida a una autonomía que se produce en España, reclacó Moreno-, fue acogida con satisfacción por la federación de asociaciones de regantes de Andalucía, Feragua. Su presidenta, Margarita Bustamante, ha señalado que esta devolución será "capaz de devolver la seguridad jurídica a la cuenca y es la más apropiada para garantizar una gestión eficaz, acorde al principio de unidad de cuenca, y donde no se produzcan duplicidades".
Ha añadido que esa devolución de competencias no debe ser entendida en ningún caso como el fruto de un acuerdo entre administraciones, sino como el resultado de un mandato de los tribunales. Y ha sido clara: "Quienes han mantenido y alimentado la falsa ilusión de que todo podía seguir más o menos igual tras la sentencia del Constitucional han incurrido en una grave falta de responsabilidad".
Feragua pide al Supremo la ejecución forzosa de la sentencia del Constitucional 
