El Gobierno andaluz solicita también al juzgado que investiga el mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía que eleva al Supremo el conflicto en torno a estas actas
La Junta de Andalucía ha pasado a la acción tras el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que reconoce que no está justificado que las actas de los consejos de Gobierno de la Junta entre 2001 y 2010 estén depositadas y custodiadas en los juzagos de Sevilla mientras se dirime si la juez que investiga el masivo fraude de los ERE puede acceder a ellas o no.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso ERE, pidió esas actas, que fueron depositadas lacradas en su juzgado (el número 6 de Sevilla), al tiempo que desataba con esta petición un conflicto jurisdiccional con la Junta, que entiende que todo ese material es secreto.
"La Justicia debe de confiar en la Junta como la Junta confía en la Justicia", ha resumido Mar Moreno, la portavoz de la Junta y consejera de Presidencia. Por ello, y tras el auto, el Ejecutivo ha pedido a la juez que devuelva las actas a dependencias administrativas de la Junta.
Al mismo tiempo, y ante el retraso de tres meses que acumula la juez Mercedes Alaya en la remisión al tribunal de conflictos jurisdicionales del Tribunal Supremo de las discrepancias en torno a si la juez tiene o no potestad para ver esas actas, la Junta ha vuelto a solicitar a la juez que eleve el caso a ese tribunal.
"Ya hemos informado al Tribunal Supremo sobre este caso y ellos incluso ya han designado ponente y pedido a Junta y Fiscalía que presenten las alegaciones oportunas", ha desvelado Moreno. En uno u otro caso (dievolución de las actas y remisión del conflicto al Supremo), "la Junta no tiene potestad para marcar plazos", a diferencia de la juez, que dio 72 horas a la Junta para que depositara las citadas actas en el juzgado.
Por último, y en relación a un auto anterior de la propia Audiencia Provincial de Sevilla que declaraba las actas de la Junta como documentos no secretos, a diferencia de las deliberaciones o los informes relaizados en los consejos de Gobierno de la Junta, Motreno ha señalado que "es el Supremo quien tendrá la última palabra sobre este caso".
La juez de los ERE más cerca de ver las actas de la Junta
