He conocido durante muchos años el sector de la promoción -construcción en Andalucía. Especialmente en Málaga, donde he sido presidente -y en la actualidad sigo como vocal del Comité Ejecutivo- de la Asociación Provincial que los representa y tengo que decir que la situación de éste sector, que ha sido en la pasada década el motor económico de la Comunidad, es sencillamente agónica.
La promoción inmobiliaria, necesitada sin duda de medidas correctoras, había sido mortalmente agredida por la Junta de Andalucía. Un subsector del que los mayores beneficiados, y no quiero decir con ello que las empresas promotoras no obtuviesen un sustancioso rendimiento, fueron todos los agentes que intervenían burocrática y financieramente en su proceso productivo. Haciendas públicas, entes financieros, tasadores, notarios, registradores, etc. recibían la mayor parte del pastel. Ninguna de las administraciones tuvo el menor interés en moderar la espiral en la que entró el precio de los suelos y ninguna entidad financiera se preocupó de contener la cuantía de sus hipotecas para la adquisición de productos inmobiliarios.
La Junta de Andalucía, lejos de legislar para ordenar el urbanismo, legisló para introducir el caos en él. Leyes no meditadas, contradictorias, sin concatenación en el tiempo y vacíos legales, fueron el desastroso remedio.
Muerta la construcción privada, a las empresas constructoras no les quedó más vías que la licitación pública. Pero he aquí que los ajustes presupuestarios de la Junta, en lugar de derivar a la contención del gasto, han derivado en recortar inversiones en infraestructuras. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que las administraciones públicas han pasado a ser deudores de dudoso cobro, con lo que están dejando a muchas empresas al pie de los caballos.
En Andalucía, desde los constructores, no son gritos de sublevación los que se oyen, son los estertores de un sector que agoniza porque está siendo demolido al alimón por Junta, Diputaciones y Ayuntamientos.