Una red de tuberías podría en el futuro trasladar el dióxido de carbono (CO2) desde cualquier punto del Planeta hasta otro donde haya un almacén geológico y evitar así la emisión a la atmósfera de este gas de efecto invernadero responsable del cambio climático.
Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, en declaraciones a los medios tras presentar los anteproyectos de Ley sobre comercio de derechos de emisión y almacenamiento geológico, que el Gobierno espera remitir a las Cortes antes de finales de año.
"No es descartable que en un futuro más temprano que lejano, junto a las tuberías por las que se transporta el gas natural, existan otras por las que se transporte el CO2 de vuelta a países donde existan almacenamientos en condiciones de seguridad", ha dicho Ribera.
La captura y el almacenamiento geológico de CO2 es una de las tecnologías que se está investigando actualmente para evitar las emisiones a la atmósfera de este gas de efecto invernadero y combatir así el calentamiento global.
Precisamente uno de los anteproyectos de Ley presentados hoy, que transpone la Directiva 2009/31/CE, establece el régimen jurídico, como el permiso de investigación y la concesión de almacenamiento, que serán otorgados por el Ministerio de Industria, previo informe favorable del de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Un proceso industrial complejo
El secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, ha explicado que el texto sienta las bases para el despegue de las tecnologías de almacenamiento y captura de CO2.
Según Ribera, se trata de un proceso industrial y tecnológico complejo que aún está en fase de desarrollo, "pero será una realidad más pronto que tarde".
Cada país comunitario hará un análisis de su potencial de almacenamiento en función de sus características geológicas.
En España, el Instituto Geológico y Minero está estudiando el mapa geológico para identificar el emplazamiento adecuado, que será explotado en régimen de concesión por un operador.
En relación con el funcionamiento, el anteproyecto establece la obligación de realizar un seguimiento continuo de las instalaciones, cuya tutela corresponde a las comunidades autónomas.
El otro anteproyecto de Ley supone una revisión en profundidad del régimen comunitario del comercio de derechos de emisión, que empezará a funcionar a partir de enero de 2013, e incluye a la aviación (todos los vuelos con despegue o aterrizaje en cualquier punto de la Unión Europea, en ese régimen a partir de 2012.
La asignación de derechos queda armonizada a nivel europeo y la regla general será la asignación a través de subasta.
"La idea es que se organice un sistema armonizado de subastas a nivel comunitario que vayan sacando de manera encadenada los distintos países", ha explicado Ribera.
El papel de nuestro país
En España las subastas las organizará la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a través de una convocatoria por la que se anunciará un determinado volumen de derechos de emisión y los interesados en comprar esos derechos deberán presentar sus ofertas.
Ribera ha destacado que este anteproyecto de Ley deja claro el compromiso del Gobierno español de destinar el cien por cien de los ingresos que se obtengan en las subastas a la lucha contra el cambio climático.
