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Europa pone contra las cuerdas el 'Greenwashing' de las marcas

  • Las empresas ya no podrán añadir a sus productos mensajes como "respetuoso con el medio ambiente" o "eco", a menos que se sustente en datos reales, fiables y medibles
  • María del Mar Muñoz, experta en Derecho Ambiental, afirma que "el greenwashing se combate desde varios frentes"

El greenwashing está en el punto de mira de Europa. Esta mala práctica, empleada durante años por muchísimas empresas, parece tener los días contados. Según el Parlamento Europeo, el greenwashing se define como "cualquier mensaje, gráfico o representación de cualquier tipo que indique que un producto cumple con alguna de estas condiciones sin hacerlo: impacto positivo o nulo en el medio ambiente, es menos perjudicial que otros productos o empresas o ha mejorado su impacto a lo largo del tiempo".

En teoría, las empresas deben cumplir una serie de requisitos para poder ofertar sus productos como sostenibles y respetuosos con el medio ambiente; sin embargo, en la práctica, muchas de ellas buscan aprovecharse del creciente interés de los consumidores por la búsqueda de productos menos contaminantes. Por ello, la Comisión Europea ha declarado "la guerra" a las falsas alegaciones medioambientales, a través de un documento expuesto en el marco del Pacto Verde Europeo.

Desde ahora, las empresas no podrán añadir a sus productos mensajes como "respetuoso con el medio ambiente", "eco", ni similares, a menos que dichas afirmaciones estén sustentadas en datos reales, fiables y medibles. Para los expertos, como María del Mar Muñoz, profesora de Derecho Ambiental en la Universidad Rey Juan Carlos, se hace necesario parar este problema porque "mientras los consumidores y usuarios sigamos comprando productos o disfrutando de servicios que creemos que cumplen con la legislación ambiental, cuando no es así, se seguirá en situación de emergencia climática".

Pero este lavado de imagen no solo afecta a usuarios, sino también a aquellas empresas que sí cumplen con las estrictas leyes y ven como la competencia obvia estos reglamentos. "Lo único bueno de esto es que las empresas que no realizan greenwashing pueden convertirse en uno de los principales actores para desenmascarar a aquellas que lo practican". Desde el punto de vista del usuario, muchas veces resulta difícil saber cuando le están engañando, "hay un número muy variado de tácticas, probablemente tantas como empresas con malas intenciones".

Por ello, la experta destaca un informe conocido como "Los seis pecados del lavado verde", en el que se recogen algunas de las formas más recurrentes de realizar el greenwashing: ofrecer un producto sostenible por uno de sus atributos, sin mencionar los demás, que no cumplen los requisitos; ofrecer un producto como ecológico, sin aportar datos que lo corroboren; cuando la empresa pretende ser ecofriendly, pero continua realizando procesos que no lo son; cuando la empresa vende un producto que en sí mismo es contaminante y, por tanto, ningún pequeño ajuste puede "arreglarlo"; cuando la empresa directamente miente; y, por último, cuando obtiene una etiqueta verde otorgada por una empresa independiente, pero en realidad son falsas.

Medioambiente.

¿Cómo puede defenderse el consumidor?

Ante esta injusticia, Muñoz destaca que "el greenwashing se combate desde varios frentes". Para defender al consumidor, "se pueden aplicar los artículos 1265 y 1266 del Código Civil, relacionados con las circunstancias que producen la nulidad de la contratación, Aunque advierte de que "no existe un título expresamente centrado en el greenwashing, por lo que este texto es de aplicación general, al entenderse que estas técnicas están engañando al consumidor". "También puede llegar a ser aplicable el artículo 248 del Código Penal, en el que se contempla la -estafa-".

El Derecho Mercantil también juega un "importantísimo" papel, recuerda. "A través de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios".

Sobre el papel de los consumidores, la experta en Derecho considera fundamental que "sean los usuarios los que sigan la trazabilidad de aquellos productos, bienes o servicios presuntamente respetuosos con el medio ambiente, aunque entiendo que requiere dinero y tiempo". Por suerte, el pasado 2020 se aprobó la Nueva Agenda del Consumidor, que empodera a los consumidores europeos para que desempeñen un papel activo en las transiciones ecológicas y digital. "Este tipo de actuaciones ofrecerán al consumidor una mayor información a la hora de seleccionar un producto u otro. Es una medida complementaria al Pacto Verde y el Plan de Acción de Economía Circular y fruto de ésta, entre otras normas, ya se encuentra en un estado bastante avanzado la Propuesta de un nuevo Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles", afirma.

El papel de las empresas y administraciones

En cuanto a las empresas, "aquellas interesadas en sostenibilidad no tendrán problemas con las nuevas medidas". Según ella, los usuarios nos movemos en un término que Muñoz denomina como softlaw, es decir, aquellos instrumentos cuasi-legales que no tienen ninguna fuerza legal vinculante (ley blanda), pero "tarde o temprano, estas orientaciones terminarán convirtiéndose en Reglamentos de obligado cumplimiento".

La educación desde muy temprana edad se presenta como una buena forma de concienciar a la sociedad en términos de conciencia ambiental. "A través de talleres o charlas o visitando los propios centros comerciales para enseñar a interpretar la publicidad". Añade además que  "los ciudadanos están cada vez más concienciados sobre la urgente necesidad de proteger el medio ambiente. Sin embargo, la globalización -y sus consecuencias- se ha convertido en un importante talón de Aquiles, porque muchas veces termina desmotivando a los consumidores, que se ven incapaces de analizar minuciosamente los productos que adquiere".

Por último, destaca la importancia que tienen los órganos del estado y asociaciones de todo tipo para tratar de combatir el problema, "tanto las Administraciones Públicas, como las organizaciones de consumidores y usuarios y las ONGs, tienen mucho que aportar".

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