Mérida
La Asamblea de Extremadura ha dado luz verde al proyecto de Ley de Medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa y para la prestación útil de los servicios públicos.
Este proyecto de ley superó el debate a su totalidad sin que ningún grupo planteará ninguna enmienda, la encargada de defender esta nueva Ley que revolucionará toda la administración y eliminará la burocracia, fue la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien destacó que sus preceptos posicionan a Extremadura como una región competitiva y capaz de aprovechar las oportunidades que abre un horizonte económico marcado por los desafíos medioambientales y tecnológicos.
La titular de Administración Pública ha destacado que esta norma es fruto del trabajo de un Gobierno que cree en lo público y cuyo empeño es optimizar el impacto en la ciudadanía de los servicios y políticas en que se materializa esta vocación pública, precisamente, el gobierno regional está inmerso en una serie de modificaciones administrativas y de nuevas leyes que pretenden ser un nuevo paradigma, una nueva filosofía, para adaptar a la administración a las nuevas necesidades.
La ley de medidas intervendrá en todos los ámbitos competenciales que su título explicita y que alcanzan aspectos directamente relacionados con el fomento de la actividad empresarial y cuestiones que inciden en el modo en que opera la Administración, y que repercuten en su relación con ciudadanos y empresas, según destacó la consejera.
En la primera categoría, y para el impulso de la actividad empresarial, se regulan los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico y se refuerza la seguridad jurídica, la reducción de trámites y la rapidez de respuesta en materia medioambiental, de ordenación territorial y urbanística.
En materia organizativa y de procedimiento, se modifican nueve normas con un objetivo común, según ha explicado la vicepresidenta, que es lograr una mayor agilidad administrativa, entre ellas la Ley General de Hacienda Pública.
Del mismo modo, el proyecto de ley recoge medidas de carácter tributario, entre las que se encuentra la obligación de relación telemática de determinados impuestos; de modificación de la Ley de Renta Extremeña Garantizada, para, entre otras cuestiones, evitar demoras por la ausencia de apertura del presupuesto; sobre patrimonio, contratación y conciertos sociales, para flexibilizar requisitos, facilitar el trabajo y la eficacia de los órganos de gestión y agilizar la tramitación de expedientes.
También se contemplan medidas en la regulación de las subvenciones, en materia de personal y en otras normas para mejorar la prestación de los servicios públicos.
El último capítulo del proyecto de ley se dirige a la modificación de dos leyes tributarias, de forma que se rebaja el tipo de gravamen del bingo electrónico (del 25 al 20 por ciento), establecer el régimen sancionador del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero y realizar una limitada revisión de las tasas vigentes. Una revisión, ha asegurado la titular de Hacienda, que no se dirige a incrementar la presión fiscal, sino a actualizar sus elementos definitorios y cuantificadores.
Este proyecto de ley, que avanza en los estándares de utilidad y calidad de los servicios públicos, es resultado de un amplio proceso legislativo, iniciado en 2010 con la ley LINCE, en el que resalta la Ley para una Administración más ágil, y que culmina en esta legislatura con la Ley de Racionalización y simplificación Administrativa, y el que esta jornada se debate.
Posición de los grupos parlamentarios
Por parte de Unidas por Extremadura tomó la palabra el diputado Álvaro Jaén, quien destacó que esta ley supone una "multitud de modificaciones de leyes existentes" por lo que animó a superar todas las trabajas en la comisión correspondiente.
En representación del Grupo Ciudadanos ha tomado la palabra el diputado José María Casares, quien destacó que este es un "proyecto escoba" que "intenta solucionar los problemas que han ido surgiendo", con medidas para "poner en valor la calidad de los servicios públicos", así como sus procesos de respuesta.
Por el Partido Popular tomó la palabra el diputado Luis Alfonso Hernández Carrón quien ha calificado este proyecto de ley de "amalgama de modificaciones normativas", ya que afecta a más de 30 normas, por lo que la ha calificado de "ley omnibus", y por ello "es difícil estar totalmente en contra o totalmente a favor", ha dicho.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista ha intervenido la diputada Estrella Gordillo ha destacado que esta es "una ley compleja por la multitud de materias sobre la que se proyecta", así como por la "variedad de cambios". Gordillo ha admitido que "no esperaba ninguna actitud positiva del PP" ante este proyecto de ley, frente a lo que ha reafirmado el "compromiso de este gobierno en avanzar en elevar los estándares de calidad del servicio público", con el objetivo de hacer "una región competitiva, que sea capaz de aprovechar todas las oportunidades".
