Andalucía, Cataluña y Extremadura están aliviando sus arcas generales con cánones que deberían destinarse a sufragar el abastecimiento y el saneamiento del agua urbana. Además de adulterar la finalidad de estos impuestos, encarecen el servicio hasta en un 19 por ciento
Cuando en la década de 1980 la Unión Europea empezó a aprobar normas vinculantes para el ciclo urbano del agua, muchos ayuntamientos no tenían ni capacidad económica ni capacidad técnica para acometer las infraestructuras de saneamiento que se les exigían.
El problema se solventó con la firma de convenios entre los municipios y las comunidades autónomas al objeto de construir las plantas de tratamiento y demás sistemas de depuración. Los fondos europeos fueron fundamentales para la sufragar las obras y, en algunos casos, las comunidades también tuvieron que hacerse cargo de la explotación, a pesar de que las competencias corresponden a las corporaciones locales.
Para costear la operación y el mantenimiento de las nuevas infraestructuras -y, a veces, mantener organismos autonómicos relacionados con la gestión del agua y el medio ambiente- las comunidades autónomas establecieron figuras impositivas que denominaron canon del agua, canon de saneamiento o canon de vertido. Cataluña fue la pionera y pronto le siguieron Madrid y las demás, quedando el modelo impositivo murciano como el más apropiado.
Estos cánones tenían un carácter finalista, es decir, se destinaban exclusivamente al ciclo urbano del agua, y se aplicaban a todos los consumidores de un modo equitativo, repartiendo la carga económica universalmente, con independencia del coste concreto que tuviera el servicio que se disfrutase.
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) considera que los cánones han respondido a un "proceso lógico y razonable" para tratar de cumplir los mandatos de Bruselas. Sin embargo -denuncia la Asociación- en los últimos años "esta lógica ha comenzado a desviarse de su fin primario", porque algunas comunidades autónomas están aprobando nuevos impuestos o están modificando los existentes con un fin claramente recaudatorio.
Tres son las comunidades autónomas que han sucumbido a la tentación de gravar el agua para aliviar sus arcas y no para mejorar un servicio que es deficitario: Andalucía, Cataluña y Extremadura. Las dos primeras sólo consiguen cuadrar sus cuentas gracias a la aportación del Estado central a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Los nuevos cánones conllevan aumentos importantes en el precio del agua. En Andalucía, la aplicación de la Ley 9/2010 ha subido un 8,39 por ciento el uso doméstico y un 6 por ciento el uso industrial; en Cataluña, la Ley 5/2012 ha incrementado el 8,85 por ciento el uso doméstico y el 1,81 por ciento el industrial; y en Extremadura -que se lleva la palma, a pesar de ser la Comunidad más saneada de las tres- la Ley 2/2012 ha gravado con 19 por ciento el uso doméstico y con un 14 por ciento el uso industrial.
Perjudiciales para los operadores
Los nuevos cánones, que se aplican de un modo muy poco transparente incluso para los expertos del sector, tienen varios elementos en común que perjudican a los operadores de los ciclos urbanos del agua: por un lado, los convierte en sustitutos de los usuarios finales, de modo que deben abonar los importes correspondientes a la Hacienda autonómica, aunque no los hayan podido cobrar de los consumidores. Por otro lado, los obligan a pagar por el agua que se pierde en las redes de distribución, que es una cuarta parte del total suministrado, aunque no les corresponda la función de mantener estas infraestructuras; por ejemplo, en el caso de Cataluña, este concepto puede suponer alrededor del 2 por ciento de los ingresos totales del operador.
A pesar de que todo, antes o después, se repercuta sobre los consumidores, no se puede evitar el impacto sobre la tesorería y la capacidad financiera.
AEAS ha mantenido contactos con las distintas administraciones para que se replantee el destino de la recaudación de los nuevos cánones, pero no ha obtenido éxito; en el caso de Cataluña, incluso se ha cursado una queja formal a la Comisión Europea.
