
Entre todos la mataron y ella sola se murió. Con esta frase resumía un alto dirigente regional lo sucedido con Garoña. La central nuclear que tantos ríos de tinta ha hecho correr se encamina silenciosa a su clausura sin que hasta el momento haya habido una explicación razonada de la decisión.
Es verdad, como reconocía este político en petit comité, que la que fue estandarte de una batalla política, empresarial y social sin precedentes en nuestra reciente historia pasó, una vez asegurada su continuidad con el triunfo del PP, a ser presa de las ansias recaudatorias de las administraciones. Tanto del Gobierno como de la Junta. También es cierto que Endesa e Iberdrola, socias de la empresa que gestiona Garoña, no dudaron en utilizar la central como medida de presión para paralizar la reforma energética de José Manuel Soria.
Y como de todos es la responsabilidad -de unos más que otros, también es cierto-, nadie quiere poner el cascabel al gato. La central enfila ya el camino del cementerio aunque, incomprensiblemente, nadie haya querido poner su firma en el certificado de defunción.
Es bastante incomprensible que Nuclenor se haya resistido hasta ahora a reconocer lo que desde hace ya muchas semanas se sabía que era inevitable. La opinión pública no se merece esto. Probablemente todos hubiésemos comprendido sus razones para el cierre si se hubiesen dado con claridad y valentía. Y con números. Porque nadie ha puesto sobre la mesa los nuevos costes fiscales que la harían inviable económicamente.
Y mientras Nuclenor presentaba al CSN el plan de desguace de la central, todavía hemos tenido que oir que sigue apostando por su continuidad. Los trabajadores y la gente de la comarca burgalesa, que durante los últimos años no ha dudado en volcarse con la compañía, tienen que estar tan desconcertados como decepcionados. Lo grave es que se está perdiendo un tiempo precioso para poner en marcha alternativas para la zona. Junta, Gobierno y Nuclenor no pueden seguir, al menos en este tema, mirando para otro lado.
RAFAEL DANIEL
Delegado de elEconomista en Castilla y León