El PNV logró ayer que el Parlamento vasco aprobase reclamar una nueva transferencia para las Haciendas vascas: la capacidad legisladora en materia de Impuestos Indirectos (entre los que destacan el IVA y los Impuestos Especiales), así como reclamar la potestad reguladora en las pocas materias que aún quedan en Impuestos Directos (IRPF de no residentes y determinadas operaciones de capital). Otra resolución aprobada, es que se eliminen en el resto de España la tributación ventajosa de las SICAV (sociedades de inversión) y que no se suban los tipos del IVA.
La propuesta en contra de subir los tipos del IVA (competencia que ahora reside exclusivamente en el Gobierno central) fue presentada por el PP que aboga por mantener los tipos 'con el fin del mantenimiento de la demanda interna y de que las familias mantengan su renta disponible sin mayores mermas'.
El pleno monográfico de fiscalidad supuso un varapalo para las propuestas del partido Socialista que pretendía una reforma institucional vasca que posibilite que el Gobierno tenga competencia en materia fiscal, ya que como defendió el propio consejero de Hacienda, Carlos Aguirre, no se sostiene que el Ejecutivo tiene la responsabilidad sobre el 70% del gasto público vasco y que no pueda influir en la política de ingresos con que financiar ese gasto.
El PP acusó al lehendakari Patxi López de utilizar un pleno parlamentario como argumento de campaña electoral, ya que en materia de reformas fiscales las competencias no residen en el Ejecutivo, sino en las Diputaciones.
La unión de los votos entre PNV y PP echaron a bajo casi todas las propuestas Socialistas y conminaban a que toda reforma fiscal se realice respetando el actual marco institucional y la coordinación a través del Organo de Coordinación Tributaria.
Petición de importantes transferencias
El PNV cambió de aliado para sacar adelante la reclamación de nuevas y relevantes transferencias para Euskadi, en este caso contó con el respaldo del PSE y la posición contraria del PP.
De esta forma el Parlamento vasco insta a que en la negociación de la nueva Ley quinquenal de Cupo (la actual expira en 2012, aunque el texto legislativo incluye mecanismo de prórroga automática si no se renueva), que habrán de desarrollar Gobierno vasco y Gobierno central, se reclame la potestad normativa en los Impuestos Indirectos. Actualmente, las Haciendas vascas tienen capacidad para recaudar la práctica totalidad de los tributos, pero sólo pueden regular en materia los Impuestos Directos (IRPF, Sociedades, etc.)
De esta forma, el Parlamento reclama para las Diputaciones la potestad legislativa en: IVA; Impuestos Especiales; Primas de seguros; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; el nuevo Impuesto de Actividades de Juego; operaciones societarias y emisión de letras de cambio u otros documentos mercantiles.
Además, en materia de Impuestos Directos, exige la transferencia reguladora en IRPF de No Residentes sin establecimiento permanente; las retenciones de capital mobiliario, de actividades económicas; de determinadas ganancias patrimoniales; y determinadas operaciones de capital.
Tributación de las SICAV
Otra petición del PNV que ha sido respaldada por mayoría es la petición al Gobierno central para que elimine el régimen especial de tributación de las sociedasdes de inversión conocidas SICAV, para que tributen al tipo general del Impuesto de
Sociedades, en vez del 1% actual. Las Haciendas vascas han visto cómo se han marchado a otras Comunidades Autónomas, especialmente a Madrid, las SiCAV vascas después de que las Diputaciones eliminasen en 2009 su régimen de tributación oficial.
Esta propuesta en contra de mantener la ventajosa tributación de las SICAV salió adelante con los votos del PSE, a pesar de que cuando el Gobierno central estaba en manos del PSOE se opuso a realizar tal reforma ante el temor de que esos capitales se marchasen al extranjero.
Fraude fiscal
El pleno del Parlamento respaldó numerosas propuesta en contra del fraude fiscal e instando a una mayor colaboración interinstitucional para su persecución.
A instancias de Aralar y con el respaldo del PNV y PSE, se pide un compromiso de que no se aplicarán las medidas de amnistía fiscal que promueve el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.
A propuesta del PNV se aprobó que se pida modificar el Código Penal: en materia de delitos económicos, para que la sanción por el delito contra la Hacienda Pública sea mayor que la establecida para la insolvencia punible; que en los delitos fiscales se revise la figura del dolo eventual, de manera que se imposibilite su utilización como vía de escape para los defraudadores; y que s endurezca el tratamiento sancionador de las
actuaciones de ingeniería fiscal y financiera cuyo objetivo sea la elusión fiscal.
También se reclama la modificación de la Ley Concursal, para que quienes se acojan a ella no puedan, tras dar por liquidadas sus deudas, reanudar la actividad económica que llevaban a cabo y por la que se acogieron a dicha ley.
A propuesta del PP se aprobó que se intensifique la colaboración entre las Haciendas vascas y la Agencia Tributaria del Estado para realizar una estrategia de inspección conjunta para favorecer la lucha contra el fraude de aquellos contribuyentes que operan en más de un territorio y que utilizan la diversidad administrativa para dificultar el seguimiento de comprobación de la inspección, garantizando en todo caso la protección de los datos personales y fiscales.
Otra medida de lucha contra el fraude aprobada, a instancias del PP, es que cuando una Administración detecte un fraude laboral o de ayudas sociales por parte de una empresa o contribuyente se informe de esto a Hacienda para que investigue si además pudo haber cometido fraude fiscal.
