15 Aniversario

La descarbonización: una obligación de todos

  • Se está produciendo un fraude de decenas o centenares de millones al año debido a una regulación insuficiente e ineficaz
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol

Los países responsables han abrazado sin titubeos el compromiso de reducir sus emisiones para limitar el incremento de la temperatura del planeta, como hemos visto en la COP26. En Repsol estamos volcados en desarrollar nuestra estrategia de descarbonización, siguiendo las distintas rutas tecnológicas que nos deben servir para alcanzar, lo antes posible y al menor coste, el objetivo de la neutralidad de emisiones.

En este esfuerzo nos encontramos con países que, si bien suscriben los acuerdos, se encuentran lejos del firme compromiso que necesitamos: las emisiones de China, el mayor emisor del mundo, siguen creciendo, mientras aprovecha para convertirse en el gran núcleo industrial del planeta, en detrimento de geografías más comprometidas e industrias más medioambientalmente eficientes. Con las consecuencias geopolíticas resultantes.

En Europa y nuestro país, tan aparentemente comprometido en la lucha contra el cambio climático, establecemos también barreras a la descarbonización. La pretendida prohibición de los coches de combustión interna en España, donde la mayor parte de los ciudadanos aparca su vehículo en la calle, sin posibilidad de recargar un coche eléctrico de manera económica, está generando una distorsión sin precedentes: el envejecimiento de la vida del parque automovilístico, sin que sea posible la sustitución de los coches obsoletos por otros más eficientes. La razón de esta posible prohibición se basa en una sorprendente metodología de medición de emisiones en el tubo de escape, en vez de en el ciclo completo de vida de los vehículos, favoreciendo la fabricación de baterías en Asia, con una energía basada en la combustión de carbón muy contaminante y con el consiguiente impacto en el empleo de calidad en nuestro país. Apostemos por la movilidad eléctrica de forma inteligente, sin destruir nuestro eficiente sector de la automoción.

Un capítulo aparte es el de los biocombustibles. En esta categoría, los avanzados son aquellos que podemos producir a partir de residuos agrícolas, forestales o urbanos. Tienen un triple mérito: permiten reducir la huella de carbono de la movilidad sin necesidad de invertir en nuevas infraestructuras o importar baterías de China; generan una cadena de valor industrial en nuestro país, creando empleo de calidad en áreas rurales y también en ciudades medianas; y son la única solución factible a corto y medio plazo, en asociación con el hidrógeno renovable, para la descarbonización de ciertos sectores, como el transporte aéreo o marítimo, o la industria que precisa de altas temperaturas.

La Unión Europea lo tiene claro: ha establecido una ruta de incorporación de biocombustibles sostenibles para poder alcanzar los objetivos de descarbonización a 2030, reflejados en la Directiva de Energías Renovables (RED II). Sin embargo, España aún no ha traspuesto completamente esta Directiva, sólo los objetivos para 2021 y 2022, eludiendo el mandato europeo, al contrario que los otros grandes países de la UE, que ya han fijado su ruta hasta 2030. Este hecho desposiciona a la industria española, genera incertidumbre y beneficia a terceros países, de los que tendríamos que importar los biocombustibles si no podemos producirlos aquí.

Hay algo peor aún: el fraude, que pone en riesgo el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establecido por el Gobierno (que prevé una altísima aportación de los biocombustibles al objetivo de reducción de emisiones en el transporte, por encima de lo que marca la regulación europea). Los biocombustibles, especialmente los más sostenibles y avanzados, son más caros de producir que los combustibles de origen mineral. En ausencia de controles adecuados, aquellos que deciden prescindir de dichos biocombustibles en los productos finales obtienen un beneficio ilegítimo e ilegal. Al contrario que los países de nuestro entorno, en España se está produciendo un fraude, creciente, de decenas o centenares de millones de euros al año, debido a una regulación insuficiente e ineficaz. Las garantías exigidas son mínimas y no disuasorias, y los mecanismos de control, inoperantes, por lentos. Por consiguiente, los defraudadores hacen de las suyas y, cuando hay que rendir cuentas, liquidan sus empresas, creando otras nuevas para perseverar.

Esto es un fraude a los ciudadanos y una competencia desleal en perjuicio de las empresas cumplidoras, como la que dirijo, así como un obstáculo a la consecución de los objetivos de descarbonización de España. Nuestra Administración ya lo sabe. Si queremos alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, no puede dejar de actuar. Y desde la responsabilidad que siempre ha tenido y tiene España, tengo el convencimiento de que actuará.

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