Madrid
Hace 15 años, el mismo año del nacimiento de "El Economista" se producía en Estados Unidos el colapso de la burbuja inmobiliaria que nos llevaría a la crisis financiera de 2008. Nos enfrentamos ahora a otra gran crisis, con un origen muy diferente, pero con consecuencias para la economía también devastadoras. Hoy podemos echar la vista atrás y aprender de los errores y aciertos cometidos en la respuesta a aquella crisis y, al mismo tiempo, desde mi posición como ministra, creo que debemos guiar ese aprendizaje hacia el lugar donde queremos dirigirnos.
Desde el inicio de la legislatura, este Gobierno y este Ministerio buscaron orientar las políticas hacia otro lugar, un cambio de enfoque en el que la movilidad y la vivienda pasan a ser un derecho asumiendo un papel central en la transformación ecológica y digital, y en impulsar la cohesión de nuestro tejido social y económico y de nuestro territorio.
Este enfoque ha sido crítico para el acceso a los fondos Next Generation, los objetivos en los que se asienta el Plan de Recuperación Europeo están alineados con nuestras políticas. Tanto desde Europa como desde este Gobierno estamos convencidos de que la recuperación económica pasa indudablemente por colocar al ciudadano en el centro de nuestras decisiones, por reformas e inversiones que buscan el crecimiento mediante una profunda transformación de nuestra economía y nuestro sector productivo que aumentará nuestra competitividad a la vez que protege el empleo, el medio ambiente y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La defensa de los derechos a la movilidad y a la vivienda digna tiene un efecto multiplicador en la economía muy importante, estimula la creación de empleo directo, genera oportunidades en la cadena de valor e impulsa el crecimiento de nuevos sectores y trabajos.
En materia de vivienda, diría que apenas existía una política y la hemos creado. Para ello la hemos dotado de lo necesario: reformas y recursos. Estoy especialmente orgullosa de ver cómo hemos sido capaces de tener el Anteproyecto de la Ley Estatal de Vivienda cuyo eje central pasa por garantizar el derecho a una vivienda digna y que para ello protege a propietarios e inquilinos. Establecemos por primera vez una serie de medidas para aumentar y proteger el parque de vivienda pública y establecemos medidas fiscales para estimular el alquiler de la vivienda, que dará protección a los inquilinos y propietarios, en las que, entre otras, se incentiva la rehabilitación de las viviendas y se impulsa el alquiler para que resulte ventajoso para los pequeños propietarios.
En definitiva, un completo marco legal que nos equipara en cuanto a políticas de vivienda a otros países de nuestro entorno y que constituye la primera Ley por el Derecho a la Vivienda Digna de nuestra democracia.
Y para completar esta política necesitamos dotarla de recursos, para ello en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinamos casi 7.000 millones de inversiones a la rehabilitación y regeneración urbana y a la creación de un parque de vivienda de alquiler asequible. Asimismo, para 2022 tenemos los presupuestos más altos de la historia en vivienda con 3.920 millones.
Con todo ello, impulsamos un sector con un gran poder de creación de empleo y desarrollo económico futuro y con nuevos ámbitos de crecimiento como es la rehabilitación energética y sostenible.
Otra de las grandes políticas de este Ministerio es el derecho a la movilidad. Ésta es una gran palanca para el crecimiento, la competitividad y la cohesión social, debemos vincular la movilidad a la protección del medio ambiente y al desarrollo económico y social. La Ley de movilidad Sostenible, que esperamos llevar a primera lectura del Consejo de Ministros antes de que acabe el año, aborda cuestiones clave como la financiación del transporte público, el impulso a la digitalización y automatización, el fomento del ferrocarril para el transporte de mercancías, la planificación de infraestructuras y la mejora de la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas.
Y como sucede en el caso de la vivienda, la movilidad es una de las inversiones clave, con más de 13.000 millones se sitúa en primer lugar del Plan de Recuperación. Aumentamos los recursos para la movilidad potenciando fundamentalmente las inversiones verdes que garanticen la sostenibilidad de nuestras infraestructuras y un elevado grado de retorno social.
Estas inversiones del Plan en movilidad sostenible crean nuevas oportunidades en un sector tractor de la economía, por un lado, permitirán crear 280.000 empleos e incrementar el PIB en unos 20.000 millones de euros y, al mismo tiempo, supone nuevas oportunidades de negocio y expansión relacionadas con las inversiones sostenibles y la descarbonización.
Somos un gran ministerio económico, territorial y social, y, también, tecnológico y ambiental. Y estamos abordando los retos a los que nos enfrentamos de una forma diferente, poniendo toda nuestra capacidad al servicio de la ciudadanía y colocando en el centro de nuestras decisiones los derechos fundamentales. Porque estoy convencida de que su protección nos ayudará a crecer y crear certidumbres en nuestra economía y sociedad, que permitirán tener el país que todos y todas queremos, una país más ecológico, próspero, justo, cohesionado e igualitario.
