En estos quince años hemos vivido dos crisis muy profundas de origen distinto, pero con efectos potencialmente similares. La Crisis Financiera tuvo su origen en las hipotecas subprime en EEUU y la de 2020 lo ha tenido en la pandemia.
En esta la reacción oficial ha sido mucho más rápida, (tipos, inyección monetaria, política fiscal, medidas laborales, planes de estímulo), pero no todos los países han tenido el mismo éxito. En España vemos una repetición de lo sucedido a partir de 2008: negación de la gravedad de la crisis, gasto público sin control y falta de reformas estructurales. Se niega la evidencia: tendremos que tomar medidas drásticas y, cuanto más tarde, más duras serán. Nuestros desequilibrios (déficit, deuda, paro e inflación) empeoran, alejándonos del proceso de convergencia con nuestros socios y limitando el potencial de crecimiento (el PIB per cápita en España ha retrocedido al nivel de 2007). No es de extrañar que nuestro mercado de valores se encuentre muy lejos de los máximos alcanzados en 2007 y tenga uno de los peores comportamientos entre los países desarrollados, a pesar de contar con empresas punteras. Afortunadamente, contamos con el apoyo de la Unión Europa. Parece que tanto el BCE como Bruselas están dispuestos a prestar su ayuda sin tanta exigencia, pero, ¿hasta cuándo?
Hoy, en plena crisis de la energía, recuerdo la guerra de opas por el control de Endesa que protagonizaba Gas Natural en 2006 y que generó una encarnizada lucha política que puso en entredicho el interés común, la independencia de algunos organismos y hasta la libertad de mercado. Esta nueva crisis pone en evidencia la desastrosa gestión y la debilidad del sector energético español. La consecuencia, aparte de la vergüenza para el gobierno, la pagan los ciudadanos, que ven como la factura de la luz se dispara.
La reestructuración del sector financiero ha supuesto uno de los mayores cambios de la economía española. De casi 70 entidades a principios del 2006, a menos de diez. Al margen de los miles de millones de euros invertidos en esta reestructuración, se han perdido 100.000 puestos de trabajo y se han cerrado el 50% de sucursales, lo que además ha supuesto un cambio en la fisonomía de muchas ciudades. ¿Quién imaginaba en 2006 que las sucursales bancarias dejarían de ser una de las mejores inversiones inmobiliarias?
Pero la llegada de competidores, con novedosos modelos de negocio (en medios de pago, transferencias o inversiones) mete más presión a los bancos, que deben ganar eficiencia mediante el tamaño (fusiones) y la inversión en digitalización. Respecto a los servicios financieros, en este periodo entraron en vigor dos normas clave para el sector: Mifid I y II (2007 y 2018). Ambas han corregido muchas de las cuestiones que permitieron las malas prácticas del sector y que tuvieron la máxima expresión en la crisis de deuda con la venta de productos tóxicos en las redes bancarias. Los objetivos de las Directivas se van consiguiendo, si bien han provocado caída de márgenes y aumento de costes. Estos aspectos provocarán más consolidación entre las Empresas de Servicios de Inversión. Lo que sí ha supuesto una verdadera revolución es el avance de internet y la tecnología, que han modificado muchos de nuestros hábitos. La penetración de internet, la fibra óptica en hogares y empresas y el despliegue del 4G (5G a futuro), nos sitúa como uno de los países más conectados. Debemos aprovechar esta situación para adaptarnos a la revolución digital que está modificando el mundo. Si no lo hacemos, perderemos una gran oportunidad.
