La consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Elena Manzano, atiende a elEconomista.es en la semana protagonizada por la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes, en la que la presidenta María Guardiola defendió que se oponen a "la falsa condonación" por no es "beneficiosa ni para nuestro territorio, ni para la Hacienda estatal, ni para los españoles".
A su juicio, todo ello procede de "un pacto político para mantener a Sánchez en el poder", según explica en alusión a los pactos alcanzados por el Gobierno con las formaciones separatistas. Así explica que "la deuda no desaparece sino que es el estado el que asume 83.000 millones, precisamente 17.000 de deuda catalana, que se van a asumir por todos los ciudadanos en su calidad de españoles.
En el caso de Extremadura, estima que los "1.700 millones de euros que pretende condonar se van a traducir en que la deuda asumida por parte de los extremeños en condición de españoles será de 68 millones de euros más", por ello defiende que desde la región se ha dicho "alto y claro que no, a la falsa condonación", porque las deudas se pagan y quieren pagarlas en las mejores condiciones. "Abogamos por la reestructuración de la deuda, como lo hemos hecho con el Fondo de Liquidez Autonómica de 2023 y 2024 que ha supuesto en 2025 un ahorro de 29 millones de euros, aproximadamente" apunta.
La responsable autonómica de hacienda reclama jugar con las "reglas establecidas en el ordenamiento jurídico vigente" y se niega a quebrantarlas, por lo que asegura haber exigido en la Conferencia de Presidentes "justicia e igualdad en esta y en otras cuestiones".
Extremadura presentó esta semana una serie de alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las Comunidades de régimen común por entender que era, entre otras cosas, injusta y discriminatoria. Manzano explica que el pasado 15 de mayo el Ministerio de Hacienda inició el trámite de consulta pública previa a la elaboración de este anteproyecto cuyo plazo de alegaciones terminaba el pasado viernes, 30 de mayo.
"Esto supone la transposición a una ley orgánica de la mal llamada 'condonación' puesto que la deuda no desaparece, sino que simplemente se transfiere de un nivel de gobierno (autonómico) a otro (estatal)", indica al tiempo que recuerda que Extremadura "no suscribió este acuerdo" y expresó su oposición mediante la presentación de un documento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para dejar constancia de su posición.
En este sentido, Manzano argumenta que "además de tratarse de una decisión arbitraria, discriminatoria (pues ni siquiera se ha tenido en cuenta territorios de España como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) y politizada", el Consejo de Política Fiscal y Financiera "carece de competencias para tratar un asunto que, por su naturaleza, requiere una Ley Orgánica aprobada en las Cortes Generales, tal y como reconoce la propia documentación remitida".
Todo ello llevó al Ejecutivo autonómico a hacer varias consideraciones a dicho anteproyecto de ley. La primera de ella es que la "condonación", tal y como se diseña en el Acuerdo 2/2025 del Consejo de Política Fiscal y financiera que ahora se quiere trasponer a Ley Orgánica, "no permite la vuelta ordenada a los mercados de las CCAA de régimen común". Y que además, "no refuerza la responsabilidad fiscal de las CCAA, ni mejora el cumplimiento del nuevo marco de reglas fiscales de la Unión Europea y tampoco soluciona los problemas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas de régimen común al no ir acompañada de la imprescindible reforma del sistema de financiación".
Frente a este modelo, Manzano expone que desde la Junta de Extremadura se apuesta por "una reforma más amplia y profunda" que conllevaría la tramitación de diferentes reformas legales, como una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice la autonomía financiera autonómica y el efectivo cumplimiento de los principios de coordinación con la Hacienda estatal, de solidaridad interterritorial y de igualdad y justicia.
También asegura que se debe reformar la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), para adaptarla al nuevo marco europeo de reglas fiscales, basado ahora en el cumplimiento de la regla de evolución del gasto primario. Y por último, reestructurar la deuda para facilitar a las Comunidades Autónomas lograr las mejores condiciones financieras posibles en el pago de la deuda contraída.
Todas estas reservas llevaron a la Junta de Extremadura a solicitar al departamento de Hacienda, encabezado por la vicepresidenta María Jesús Montero, que paralizase la tramitación de la norma sobre la que les habían consultado. Y que en su lugar, impulsara otra iniciativa con la que se diera forma a un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.