Economía entra en una nueva polémica respecto a la vivienda. Tras el cruce de declaraciones que siguió a la propuesta de Carme Chacón de incentivar el mercado de alquiler, ahora Pedro Solbes sale al paso de la propuesta de la Junta de Andalucía de garantizar por Ley pisos a baratos a las familias que tengan ingresos inferiores a 3.100 euros mensuales. Solbes también ha tenido unas palabras para la actual coyuntura económica: "estamos en una situación de incertidumbre".
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha afirmado esta mañana, en declaraciones a la Cadena Ser que "yo nunca soy partidario de grandes leyes de reconocimiento de derechos para toda la vida" "Son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas, y aplicarlas significa restricciones económicas, criterios...", sostuvo el vicepresidente del Gobierno.
"Soy mucho más partidario de programas específicos de actuación" que de leyes generalistas como la que quiere poner en marcha el Ejecutivo de Manuel Chaves, insistió.
"El objetivo que se pretende me parece un objetivo loable", admitió Solbes, en el sentido de que "la gente de menores ingresos disponga de una vivienda digna. Nadie estamos en contra".
Pero el "que sea la mejor fórmula la que se ha planteado, habrá que verlo con mucho detalle", agregó el vicepresidente económico del Gobierno. La primera cuestión que se pregunta Solbes es "si han caculado bien lo que les costará", si "lo saben bien y lo tienen controlado para los próximos años".
La consejera de Obras Públicas andaluza había estado previamente en la misma emisora y había dado esas garantías, le explicó Carles Francino. "Si dice que sí, es que sí", respondió Solbes.
El anteproyecto
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía comenzó ayer la tramitación del anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, cuyo objetivo fundamental es objetivo es "regular el derecho constitucional a una vivienda digna y de calidad adecuada a la situación familiar de los titulares del derecho".
Los criterios establecidos para el ejercicio de este derecho se regirán por los ingresos mensuales familiares, según sean inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional y que este año se ha fijado en los 499,20 euros; o superiores a esta cantidad, pero insuficientes para acudir al mercado libre.
En el primer caso, se garantizará una cuota de alquiler no superior al 25% del Iprem, esto es, unos 125 euros. En el segundo caso, se establecerá una oferta de viviendas, tanto en venta como en alquiler, distribuidas en tramos en función de los distintos niveles adquisitivos y siempre que sus ingresos no superen en 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional –los polémicos 3.100 euros-. En este supuesto, los beneficiarios pagarán una tercera parte de los ingresos familiares totales.
La consejera andaluza, Concha Gutiérrez, dijo en la SER que la ley, cuyo anteproyecto ya ha visto el Ejecutivo de Manuel Chaves, se va a negociar ahora con ayuntamientos y agentes sociales, por lo que no será una realidad hasta la próxima legislatura. Las elecciones andaluzas se prevé que coincidan con las generales, con lo que serían en marzo, con lo que la ley difícilmente estaría aprobada y en vigor hasta finales de 2008.
Solbes: Momento de incertidumbre
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