El conflicto de la estiba ha vuelto a encallar en la mesa de negociación. La negativa del PSOE y de Ciudadanos a aprobar la liberalización de la carga y descarga en los puertos ha dado alas a los representantes de los trabajadores para recuperar exigencias que ya han sido rechazadas por el Gobierno y la Comisión Europea (CE) y a elevar la cuantías de las ayudas o compensaciones económicas a la reestructuración del sector plantedas por el Ejecutivo.
Así, el sindicato mayoritario Coordinadora de Trabajadores del Mar presentó ayer una contrapropuesta a la oferta de Fomento en la que pide más dinero para las prejubilaciones, que se garanticen por ley las subrogaciones y que los sindicatos participen de alguna forma en la formación y selección de los futuros estibadores. Es decir, han vuelto a poner sobre la mesa la opción de crear una especie de registro de trabajadores que ya ha sido rechazado.
En este sentido, Coordinadora propone que las ayudas a la prejubilación consistan en un "subsidio equivalente al 80% de promedio de las percepciones salariales por todos los convenios correspondiente a los seis meses anteriores a la baja". La propuesta es superior al 70% del sueldo medio planteado por Fomento. A su vez, el representante de los trabajadores ha fijado un salario mínimo para aquellos estibadores que cobren menos ya que no existe el mismo nivel de trabajo y retribuciones en todos los puertos de España. Así, el suelo establecido por Coordinadora es de unos 2.220 euros al mes, tres veces el salario mínimo interprofesional vigente.
Dentro del plan de prejubilaciones, el sindicato plantea, en línea con la propuesta del Gobierno, que se puedan acoger a las prejubilaciones aquellos trabajajdores a los que les queden 60 meses o menos (unos cinco años) para acceder a la jubilación ordinaria a la fecha de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto.
Además de las prejubilaciones, el Gobierno también se ha comprometido a conceder ayudas públicas a aquellos trabajadores que "voluntariamente rescindan su contrato, ya sea por razón de los perjuicios que se deriven, en su caso, de la adaptación del derecho interno" y se compromete a pagar las cuotas de la seguridad social necesarias para llegar al máximo de la cotización. En su plan inicial, Puertos se había comprometido a asumir los pasivos laborales de los trabajadores que fueran despedidos o que dimitieran por las nuevas condiciones. La factura alcanzaría los 350 millones.
¿Cuántos se pueden acoger?
El plan de prejubilaciones presentado por el Gobierno ha generado muchas dudas entre los trabajador que no saben si cumplen o no las condiciones para acogerse. Fuentes sindicales apuntan a este diario que la mayor parte de los trabajadores que ahora cumplen 50 años no tienen cotizados más de 20 o 25 años por lo que no cumplirían las condiciones para acogerse a los planes de prejubilación que, al exigir que falten cinco años para la edad de oficial jubilación (55 o 56 años), tendrían que ser al menos 27 años. Las propuestas de las partes no especifican cuántos años tienen que tener cotizados los estibadores para poder acceder al plan de ayudas, lo que está generando cierta incertudimbre entre los representantes de los trabajadores que calculan que beneficiará a menos de una centena.
Pese a las discrepancias en la cuantía del plan de ayudas públicas, el verdadero problema de las negociaciones se encuentra en la exigencia de los estibadores de garantizar por ley la subrogación de los puestos de trabajo. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, lamentó a la salida de la reunión del martes que la oferta de los estibadores recordase a otras ya rechazadas y aseguró que "la subrogación por ley es imposible". En esta línea, el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, considera "imposibles" las condiciones de la contraoferta de los estibadores, pues asegura que la Comisión Europea no permitiría su aplicación, y ha emplazado a patronal y sindicatos a aceptar la propuesta del Gobierno, que tilda de "extraordinariamente generosa y ambiciosa". La mesa de negociación se reúne de nuevo el jueves para tratar de acercar posturas y en principio no acudirá ningún representante de Fomento.
Aunque el Ejecutivo espera que se llegue a un acuerdo, no las tiene todas consigo y deberá volver a presentar el Real Decreto aunque no logre la paz en la estiba. Ahora solo le queda convencer a los partidos políticos de que respalden la ley o le será muy difícil arrancar una cesión por parte de los sindicatos.
"Hay que esperar a ver que sale de la reunión de mañana pero la urgencia en aprobar el Real Decreto sigue siendo la misma, ya lo dijo Bruselas, que si no se aprueba tendrán que tener medidas y el contador de la multa vuelve a correr", aseguran fuentes de Fomento a este diario.
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