El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una operación aprobada por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en el Banco de Valencia que, según el Banco de España, del que depende el Frob, resultó "lesiva para los intereses de la entidad".
Se trata de una dación en pago admitida por el equipo que dirigía José Antonio Iturriaga a la sociedad Libertas 7 para cancelar ocho préstamos que sumaban 62 millones de euros.
De esta cantidad, 35 millones estaban en mora y 20,4 en impago en septiembre de 2012, dos meses antes de adjudicarse la entidad a Caixabank tras recibir ayudas públicas de 5.500 millones. A cambio de cancelar los préstamos, el Frob aceptó inmuebles y valores mobiliarios de Libertas 7 por valor de 47,4 millones, a pesar de que esos préstamos tenían garantía personal, por lo que se produjo un quebranto para el banco de, al menos, 13,6 millones, según denuncia el Banco de España en un informe remitido al juez
El acuerdo, del que el Banco de España no especifica la fecha, fue adoptado por la Junta de Administradores Provisionales del Banco de Valencia nombrada por el Frob, que en aquel momento estaba formada por José Antonio Iturriaga, Margarita Reyes, Ferran Viladomat y el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata.
Libertas 7, controlada por la familia Noguera, había sido hasta la intervención la segunda accionista de banco, tras Bancaja, con un 5,1 por ciento y un puesto en el consejo de administración. El ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra fue consejero de Libertas 7 desde 2007 hasta octubre de 2011.
Durante la administración provisional del banco, el Frob, a instancias de Iturriaga, denunció varias operaciones realizadas antes de la intervención, pero ahora son los administradores los denunciados. Es la primera vez que un informe de la Subinspección del Banco de España lleva al juez a "incoar diligencias previas independientes" por operaciones realizadas por los administradores provisionales del Frob, que depende del Banco de España y de los ministerios de Economía y Hacienda.
Pregunta en la junta de accionistas
La operación cuestionada por el Banco de España, junto a otras con Libertas 7, fueron objeto de una pregunta de la abogada Begoña Salcedo, representante de la Plataforma de Afectados del Banco de Valencia, en la junta general del banco celebrada en marzo de 2013. La pregunta fue: "¿En qué motivos, y en qué aspecto del interés social de esta entidad, se fundamenta que en la dación en pago, finalmente, se lleven a quebranto 19,5 (sic) millones de euros, correspondientes a la diferencia entre los valores de tasación y la cancelación de las operaciones financieras? ¿Y en relación con la renuncia a los valores mobiliarios de 5,9 millones de euros? ¿Por qué han adquirido el 3 de octubre de 2012 Bodegas Riojanas, de la Familia Noguera, que era miembro del antiguo consejo de administración?"
Iturriaga, que presidía aquella junta, respondió que todas las operaciones se habían hecho en interés del Banco de Valencia.
Más sospechas sobre Parra
El informe del Banco de España remitido al juez Pedraz denuncia otras cinco operaciones que considera "lesivas" para el banco, todas ellas realizadas antes de la intervención, en la etapa de Domingo Parra como máximo ejecutivo
Se trata de la compra del 47,8 por ciento de la promotora murciana Polaris World y su posterior reventa; los préstamos por 312 millones al grupo de Bautista Soler para comprar el 2,44 por ciento de Metrovacesa; la venta por parte del Grupo Soler de dos teatros en Madrid a la Fundación Autor; un préstamo a Iberfin, que realizó una operación con Izpa, empresa participada por Domingo Parra y el entonces (2010) director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, y, por último, la compra de activos en pago de deuda a las empresas Gamamobel y Gestinversa.
Críticas a Iturriaga en la junta