El plan de la Comunidad de Madrid para estrechar el cerco a los vehículos que operan con licencias VTC ha terminado en los juzgados. La patronal Unauto, que lideran Uber y Cabify, ha demandado al Gobierno de Cristina de Cifuentes por la "excesiva" interpretación que ha realizado de los artículos que limitan la actividad de los coches que trabajan con las plataformas online y que, según denuncian, va contra del Real Decreto de 20 noviembre de 2015 que modifica el reglamento de la LOTT referente al arrendamiento de vehículos con conductor y la orden ministerial. "Hemos impugnado los criterios sancionadores impuestos por la Comunidad de Madrid porque se extralimitan", explican fuentes de Unauto.
La sección octava del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha admitido a trámite la demanda de la patronal de las VTC contra los "Criterios de Actuación" enviados por la Dirección General de Transportes a la Inspección del Área de Organización de Servicios de dicha Consejería para establecer qué pautas hay que aplicar para considerar si una actuación es sancionable o no.
A su vez, el juez solicitó a la Comunidad de Madrid a finales de enero de 2018 que le enviase todos los expedientes sancionadores que ha abierto desde febrero de 2017 contra los coches que operan con Uber y Cabify. El Gobierno pidió el mes pasado una prórroga de 30 días por el elevado volumen de documentos: "más de 2.000", recoge el escrito al que ha tenido acceso este diario.
Según, la lectura del reglamento que hace el Gobierno Regional, un vehículo con licencia VTC está captando viajeros de forma ilegal si circula con la aplicación abierta (en modo libre) y si está estacionado, sin haber sido contratado previamente, a menos de 100 metros de "cualquier sitio de concentración y generación de demanda de servicios de transporte de viajeros como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, autobuses, hoteles, paradas de taxis, centros comerciales, etc., así como en sus zonas de influencia", tal y como explica la dirección regional de transporte en una carta enviada a Unauto en enero de 2017.
A su vez, la Comunidad considera sancionable que las hojas de contratación o de ruta estén mal rellenas antes de empezar la carrera. Madrid exige que se ponga como prestador del servicio a la plataforma con la que el cliente realiza la contratación, que en este caso sería Cabify, el nombre y DNI del cliente, así como la hora y sitio del inicio del servicio. Fedetaxi explica que los coches VTC no tienen las hojas de contratación o ruta porque la petición es tan inmediata que no les da tiempo a rellenarlas y porque la captación es habitual.
La interpretación realizada por la Comunidad ha llevado a los agentes a abrir unos 4.200 expedientes sancionadores a los coches de Uber y Cabify en apenas año por "captación ilegal de viajeros" y "carecer de la hoja de la ruta". Un volumen de denuncias que ha sido tachado de exagerado por Unauto, ya que implica que algunos vehículos han sido sancionados e inspeccionados (se han realizado más de 10.000 controles) varias veces. No en vano, en julio de 2017 había en Madrid 2.319 licencias de VTC operativas, cifra que ha crecido un 26,4 por ciento en siete meses hasta los 2.933.
Sólo hasta abril, la Comunidad había realizado 5.134 inspecciones a los vehículos de transporte de viajeros de hasta 9 plazas de los que 1.072 fueron denunciados. Un mes después, los controles habían subido hasta los 6.365 y los expedientes sancionadores abiertos sumaban los 1.455, lo que implica que en 30 días se habían incoado 383 expedientes en un sector que a finales de mayo de 2017 contaba con 2.223 vehículos, lo que refleja un alto incumplimiento y reincidencia.
Desde la Comunidad de Madrid aseguran que han cumplido con todos los requerimientos del juez y explican que no es la primera vez que Unauto lleva ante la justicia alguna de las medidas adoptadas para regular al sector. "Ya nos demandaron por obligarles a llevar un distintivo y perdieron. Han abierto varios procesos judiciales y no han ganado ninguno", explican fuentes de la Dirección General de Transportes del Gobierno regional.
