El estreno del equipo de Pedro Sánchez tenía todo el aroma de las grandes citas cinematográficas o deportivas, despertando de manera controlada el interés del espectador hasta la traca final. O lo que es lo mismo, marketing en estado puro. Pero en dos semanas de Gobierno, los fuegos artificiales han empezado a perder fuelle. La revelación de las declaraciones a Hacienda del extitular de la cartera de Cultura, el ministro más efímero de la democracia española, Màxim Huerta, abría la primera grieta al recién estrenado Ejecutivo socialista.
Las exigencias de Pedro Sánchez, el baremo establecido por él mismo nada más asomarse al panorama político, elevando el umbral de la lucha contra la corrupción a cotas muy altas, ha provocado la marcha inmediata del catódico ministro. No podía ser de otra manera, el entonces secretario general del Partido Socialista se comprometió a fulminar a quien creara una empresa para pagar menos impuestos. Y Huerta cumplía todos los requisitos.
Sin embargo, el caso de Huerta no parece el único. Aunque con otros componentes, otras variables, sobre su flamante equipo se ciernen algunas sombras, al menos otras cuatro. Más si se tiene en cuenta aquella otra premisa de Sánchez: reivindicar la ausencia de imputados en las listas del PSOE.
Con estas obligaciones, sus adversarios políticos se preguntan si la vara de medir que aplicó a Cifuentes o a Rajoy servirá ahora para juzgar a los dirigentes de su equipo, de los que se empiezan a saber cosas. Son los casos de la imputación de Luis Planas por permitir el uso de pozos en Doñana. Además existe una denuncia ante la justicia que pesa sobre María Jesús Montero, ministra de Hacienda, por "prevaricación continuada en la realización de nombramientos ilegales" en la Sanidad andaluza. O la mácula sobre Teresa Ribera por el informe de impacto medioambiental que autorizó como secretaria de Estado de Cambio Climático, en tiempos de Zapatero, para el polémico proyecto del almacén de gas Castor. Y por último, la cuestionada gestión sanitaria de Carmen Montón en Valencia, e incluso el nombramiento de su subsecretario de Sanidad, Justo Herrera, el hombre que se encargará de controlar la gestión del Ministerio, y que en la actualidad está denunciado por prevaricar en un macroconcurso de ambulancias, en una licitación de 226,2 millones de euros.
El agua de Planas
En el caso de Luis Planas, el Gobierno no tendrá en cuenta la medida de expulsión inmediata a quien se ve señalado por una imputación. El viernes la portavoz del Ejecutivo lo dejó claro. Confianza total. El asunto se remonta a los años 90 y el Ministerio Público no ve delito, indicó. Así que, y aunque "el nivel es altísimo" en temas de regeneración, dijo Isabel Celaá, de momento, Planas se queda con el Ministerio de Agricultura, aunque un juez mantenga todavía que el exconsejero consintió el uso de agua de un acuífero protegido en Doñana. Moncloa confía en el fiscal del caso, Luis Fernández Arévalo, a quien en muchos círculos relacionan con la Fiscal General del Estado, María José Segarra, y con el entorno socialista.
La denuncia a Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está denunciada desde octubre de 2017 por prevaricación continuada y nombramientos ilegales durante su etapa al frente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Interpuesta por la Asociación Justicia por la Sanidad, presidida por Jesús Candel, conocido con el sobrenombre de Spiriman, Montero aparece salpicada por un presunto entramado de cargos políticos con las Unidades de Gestión Clínica. La causa está pendiente de resolución judicial.
Ribera, del Castor al Ministerio
Con un currículum destacado por su lucha contra el cambio climático, unas veces dentro de la Administración, otras en la empresa privada, esta abogada del núcleo duro de Pedro Sánchez, fue la secretaria de Estado que firmó en 2009 la declaración de impacto medioambiental que autorizó el proyecto del almacén submarino de gas Castor, situado frente a la costa de Vinaroz (Castellón). Aquel permiso originó más de 100 movimientos sísmicos, obligó a detener la actividad de la empresa concesionaria, y al tiempo exigió al Estado a una indemnización millonaria a las empresas de 1.350 millones de euros. El pago de las compensaciones y de la deuda derivada trajo consigo el incremento del recibo de los consumidores. Entonces, Ribera sorteó la acusación, no así los técnicos del Ministerio del Instituto Geológico y Minero por prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.
De aquella etapa en la que también fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático, con Arturo Gonzalo Aizpiri como secretario de Estado, unas veces en la política, otras en el sector privado, quedó, según fuentes del ramo consultadas por elEconomista, la sombra de una sospecha sobre la transparencia en la gestión de los planes nacionales de asignación a la directiva del comercio de emisiones. Las criticas inciden en que después de aquella política, las empresas contaminaban más.
La gestión de Montón
Ministra de Sanidad, la que fuera consejera en Valencia deja tras de sí la polémica de una cuestionada gestión, con un agujero de 245 millones de euros, y antes pagos acumulados durante meses a la concesionaria del Hospital de la Ribera. Pero las mayores críticas vienen del nombramiento del subsecretario Justo Herrera, hombre de su confianza en Valencia, y actualmente denunciado por prevaricar en un macroconcurso de ambulancias cuando fue director general de Gestión Económica de la Consejería valenciana. Ahora, Herrera será el responsable de la gestión del Ministerio.
Un presidente aislado en Moncloa
La pregunta que la prensa se hace estos días es cuándo veremos al presidente Pedro Sánchez explicando los ejes de su programa de Gobierno. En las dos ocasiones que ha tenido, con motivo de dos visitas internacionales, ha desistido de aparecer frente a los medios. Ni la crisis de Huerta ni la imputación de Planas logran sacarlo de su aislamiento en Moncloa.
