El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del procés, ha denegado al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat) permiso para salir de prisión y acudir al Pleno de investidura fijado para el próximo lunes 12 de marzo en el Parlament de Cataluña y que, horas después, ha sido aplazado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, a una fecha aún sin decidir, a la espera del dictamen del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos (TEDH). También rechaza la petición de excarcelación que hizo su defensa en su escrito del pasado miércoles.
La defensa del que fuera presidente del la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, había pedido expresamente al magistrado que se pronunciara sobre esta cuestión antes del próximo lunes.
Tras conocerse el auto (aquí en .pdf), el presidente del Parlament había anunciado que agotaría "todas las vías" para que Jordi Sànchez pudiese ser investido y llevara su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La demanda del encarcelado será presentada el lunes a las 10:00.
JxCat era partidario de que el pleno de investidura no se suspendiese porque "el Parlament es soberano y no puede estar sometido a la voluntad de un juez". JxCat también era partidario de mantener el pleno de investidura de Carles Puigdemont convocado para el 30 de enero, si bien entonces Torrent decidió aplazarlo al no ver garantizados todos los derechos del entonces candidato.Llarena, que instruye el procedimiento contra el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otros dirigentes nacionalistas por delitos de presunta rebelión o sedición y malversación de fondos públicos, pidió informe sobre la petición de excarcelación realizada por la defensa de Sànchez tanto a la Fiscalía como a la acusación popular, ejercida en representación de Vox, y les dio plazo para responder hasta el mismo lunes, 12 de marzo, coincidiendo con la celebración del pleno del Parlament.
La Fiscalía ya había informado este viernes en contra de la libertad y el permiso, pero Vox no lo hará hasta el lunes, por lo que el magistrado Llarena ha respondido sin esperar a conocer la postura de la acusación popular ni tampoco a la Abogacía del Estado.
"No se puede engañar a los catalanes"
Sí se ha pronunciado el Gobierno. El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha expresado el respeto del Ejecutivo a la decisión del Tribunal Supremo y ha pedido a los partidos políticos que mediten porque "no se puede engañar sucesivamente a los catalanes".
Ha insistido en que para el Gobierno no puede ser presidente autonómico una persona en prisión provisional y ha reclamado a las formaciones que busquen y encuentren a una persona con plena capacidad de ejercer las funciones "y siempre dentro de la legalidad". "Son obviedades", ha subrayado.
Mientras tanto, Méndez de Vigo ha recalcado que el Gobierno mantendrá en Cataluña "el orden constitucional" con la aplicación del 155 y vigilará que los pasos que se den sean legales. También si el acuerdo de ERC y JxCat para desencallar la situación se convierte en el contenido de un pacto de gobierno. "Van en la mala dirección, no en la de restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de la gente. El gobierno vela por la vuelta a la normalidad institucional y a la ley", ha agregado.
