La exdiputada de la CUP Anna Gabriel no se ha personado en el Tribunal Supremo para declarar como investigada por los delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos que le imputa indiciariamente el magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa contra el 'procés' que propició la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Así lo anunció ayer, al explicar desde Suiza que no acudiría a la cita de las 9:30.
Pasada la hora de la citación únicamente se habían personado ante el juez las acusaciones particular representada por la Abogacía del Estado y la popular ejercida por Vox, que ha solicitado que se dicte orden de detención nacional e internacional contra la exdiputada de la CUP.
Fuentes jurídicas han señalado que la secretaria del Juzgado ha levantado acta de incomparecencia a las 10:00 horas, tras constatar que habían pasado 30 minutos y Gabriel no aparecía tal y como había anunciado su defensa. Este acta ha sido después entregada al magistrado instructor, que esperaba en su despacho, y que podrá entonces acordar lo que considere oportuno al respecto.
A pesar de que estaban citadas todas las partes, a esa hora únicamente habían acudido al alto tribunal el abogado de Vox y el representante de la Abogacía del Estado, que ha anunciado que se adherirá a lo que solicite la Fiscalía. El representante del Ministerio Público tampoco había acudido a esa hora y se desconoce su postura.
La defensa de Gabriel comunicó este martes por escrito que la exdiputada no acudiría a declarar y su intención de permanecer en Suiza, país al que llegó hace varios días, al entender que en la causa que la investiga "no existe derecho a un juicio justo".
La defensa considera que sus derechos fundamentales se verían gravemente comprometidos de aceptar voluntariamente su participación en el presente procedimiento". Gabriel es la segunda integrante de la CUP citada a declarar en esta causa: la primera, la también exdiputada Mireia Boya, sí compareció ante el Supremo la semana pasada y fue puesta en libertad sin medidas cautelares.
Se trata además de la sexta investigada en esta causa que huye de la justicia después del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de cuatro de sus exconsejeros, quienes permanece en Bélgica desde finales de octubre y para quien Llarena desactivó la orden de detención internacional que había dictado inicialmente contra ellos la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que fue la que comenzó a investigar inicialmente los hechos.
