El Gobierno está dispuesto a ignorar cualquier nombramiento, elección o designación de Carles Puigdemont que tenga un carácter únicamente simbólico. Aunque pareciera que el Ejecutivo tenía intención de recurrir o echar abajo cualquier reconocimiento de líder de JxCat como presidente legítimo de Cataluña, ahora se conforma con que este paso no se produzca de forma administrativa.
Según informa este viernes el diario El País, Moncloa no pondría ninguna objeción a que la mayoría independentista en el Parlament invistiese a un nuevo president o presidenta que no sea Puigdemont y que, a ser posible, no tenga causas pendientes con la Justicia por el procés.
De esta manera, el Gobierno no pondría ningún problema con la posible designación de Elsa Artadi, portavoz de JxCat que está en todas las quinielas para sustituir a Puigdemont y cuyo nombre se coló ayer en la mesa de negociación entre JxCat y ERC para pactar una investidura.
Si no existe "reconocimiento administrativo ni económico a cargo del erario público pueden nombrarle y reconocerle cuantos títulos y honores quieran", sostienen fuentes del Gobierno que añaden que los nombramientos honoríficos a una persona en un lugar privado no pueden recurrirse ante el Tribunal Constitucional.
Lo que sí recurrirá el Gobierno es cualquier cambio en la Ley de Presidencia de la Generalitat que pudiera acometer la mayoría independentista y que fuera destinado a hacer cualquier reconocimiento oficial de Puigdemont como presidente. Precisamente esta modificación legislativa era una de las propuestas deslizadas por JxCat que ERC prácticamente rechazó para no verse de nuevo envueltos en el marasmo judicial.
Así pues, se abre aún más un escenario en el que Puigdemont sea reconocido de manera honorífica en Bruselas, aunque desconociéndose aún de qué modo. Hasta ahora han trascendido ideas como una resolución parlamentaria reconociendo su figura o el nombramiento simbólico por una Asamblea de Electos en Bruselas formada por diputados, alcaldes y otros dirigentes soberanistas que en nada tendría pulso legal.
Por el momento, con las negociaciones aún por resolver, la propuesta de Artadi se abre paso pese a los recelos del PDeCAT -es más cercana al propio entorno de Puigdemont que al partido-. A ERC no le entusiasma la idea pero lo vería como una vía válida para frenar los anhelos de Puigdemont y formar un nuevo Govern puramente legal que permitiese echar abajo la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Una visión que compartiría a grosso modo la CUP.
En esta tesitura de formar un Govern con nuevas caras, ERC contemplaría situar, según informa el diario El Mundo, a su 'número dos', Marta Rovira, como vicepresidenta de ese nuevo Ejecutivo catalán. Se repetiría así una estructura similar en cuanto a cuotas y poder a la del cesado Govern y se retomaría la idea de Oriol Junqueras de que Rovira ocupara la mayor responsabilidad posible -él habló de la Presidencia- durante su ausencia.
Sin embargo, Rovira se encuentra imputada por el Tribunal Supremo en la causa relativa al procés y a nadie se le escapa que su papel fue clave en la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Una situación judicial que podría complicar sus aspiraciones en un nuevo Govern que para maniobrar con soltura necesita de cargos que no tengan pendientes cuitas con los tribunales.
