El Gobierno advirtió ayer a Carles Puigdemont que si intenta -bajo cualquier fórmula- una investidura simbólica y crear un Ejecutivo en paralelo desde Bruselas, se encontrará con un nuevo recurso de Moncloa para evitar que una asamblea de electos invista al expresident.
Todavía en ese momento a la espera del informe de los letrados, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que "Roger Torrent sabe lo que dice el auto del Tribunal Constitucional impidiendo una investidura en el Parlamento de Cataluña que no sea presencial". Por eso, matizó, "no se puede llevar a cabo una investidura simbólica de Puigdemont sin incumplir las decisiones del TC".
Cogiendo el testigo a estas palabras, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, dijo no poder imaginar una investidura "delirante" como la propuesta por el soberanismo, preguntándose "qué hierbas usan los independentistas para desayunar".
La parálisis del Parlament se prolonga a la espera del informe de los letrados de la Cámara sobre si ha empezado o no la cuenta atrás de dos meses para volver a convocar elecciones, tras el aplazamiento del pleno de investidura previsto el martes 30 de enero. Lo único que se logró desencallar ayer fueron los preparativos para constituir las seis comisiones no legislativas del Parlament, que no requieren esperar la formación del Govern para empezar sus trabajos. Son las comisiones de Materias secretas y reservadas; de Peticiones; del Estatuto del Diputado; de la Sindicatura de Cuentas; de la Sindicatura de Greuges, y de Control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. La junta de portavoces también formalizó ayer el reparto de los ocho senadores de designación autonómica, que se repartirán entre C's (2), Junts per Catalunya (2), ERC (2), PSC (1) y Catalunya en Comú Podem (1). Así, Xavier Garcia Albiol no solo se queda sin grupo para el PP, sino que también pierde su escaño de senador.
La CUP tampoco tiene opción a designar representante en el Senado, y en Cataluña está a la espera de las negociaciones de JxCat y ERC, que necesitan el apoyo de los anticapitalistas para una investidura independentista. Sin embargo, los cupaires recuerdan que su apoyo tiene que ganarse y deberá ser aprobado por las bases de la formación, lo que alargará plazos. La diputada de la CUP Natàlia Sànchez incide en que no se pronunciarán hasta que no reciban una propuesta "fir- me" de investidura y formación de gobierno consensuada previamente entre JxCat y ERC, y que se la trasladen entonces en una reunión tripartita con una propuesta para avanzar hacia la república catalana: "El movimiento republicano no puede permitirse un nuevo 30 de enero o un 10 de octubre -cuando Puigdemont declaró la independencia durante ocho minutos-, fechas que han servido para crear más desconcierto y desinformación".
