El retraso que ha impuesto Roger Torrent a la investidura de Carles Puigdemont podría no resolverse hasta que el expresidente catalán fuera inhabilitado. Según ha explicado Torrent, la investidura no se reactivará hasta que existan todas las "garantías" para el expresidente catalán; es decir, hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del Gobierno español, que ha solicitado impedir la candidatura de Puigdemont. Esta decisión, que igual no se conoce hasta primavera y que mantiene en vigor hasta entonces las medidas cautelares decretadas para que Puigdemont pueda ser investido -que sea presencial y que esté autorizada por el Supremo-, podría llegar después de que el juez Pablo Llarena haya dictado auto de procesamiento contra Puigdemont, lo que podría suponer su inhabilitación directa. El Gobierno asegura que los líderes independentistas serán inhabilitados cuando arranque el juicio del procés.
En concreto, la inhabilitación se produciría si los magistrados del Supremo que deberán resolver los recursos que presenten los acusados confirmaran el auto de Llarena. En ese momento, en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) se activaría. Este artículo señala que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". Así, la medida también afectaría a Puigdemont, que huido de la justicia con una orden de detención y prisión provisional contra él, no podría ser investido president. El Supremo podría inhabilitar en marzo a Puigdemont, lo que le impediría ser candidato.
Esta situación, con una investigación que avanza rápidamente y podría quedar pendiente para juicio para finales de abril, podría provocar que Torrent ni siquiera llegara a proponer a Puigdemont para la investidura, como defiende que quiere hacer. El pleno, inicialmente previsto para el 30 de enero, fue aplazado indefinidamente por el propio presidente del Parlament.
El reglamento no establece una fecha límite para la celebración del pleno, y tampoco sirve como fecha de vencimiento el periodo de dos meses que se concede para nombrar al presidente antes de convocar nuevas elecciones, ya que este periodo se inicia con la celebración del primer debate de investidura. Por este motivo, la Mesa del Parlament, que se reunirá el próximo martes, ha pedido un informe a los letrados de la Cámara para que señalen cómo afecta la situación a los plazos sobre unas elecciones.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se refirió a la posible inhabilitación, afirmando que ésta se producirá "cuando se dicte ese auto de procesamiento", antes incluso de que haya una sentencia firme. Unas declaraciones que criticó posteriormente la diputada de ERC en el Congreso Ester Capella, que considera "inadmisible" que el ministro anticipara estos hechos y le preguntó directamente si una inhabilitación antes de la condena firme "atenta contra la presunción de inocencia", según informó Europa Press.
Junqueras, junto a los también encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de ANC y Òmnium, respectivamente, recurrieron ayer su prisión preventiva ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. Aunque su fallo no es vinculante.
