Dos reflexiones a raíz del recurso del Gobierno contra la propuesta de candidatura de Carles Puigdemont para el debate de investidura en Cataluña. La primera: el Ejecutivo yerra con su impugnación 'preventiva' y, legalmente, se expone a un nuevo revés -tras el del Consejo de Estado- que en nada ayuda políticamente al constitucionalismo.
La segunda: es tramposo equiparar que Rajoy desoiga al Consejo de Estado con que la Mesa del 'Parlament' desoiga los dictámenes de los letrados de la Cámara; nada tiene que ver.
En primer término, no todos los actos que se prevén ilegales pueden evitarse. Aquí no estamos ante la amenaza de comisión de un delito que puede provocar un daño irreparable -y frente a la cual, en buena lógica, el ordenamiento ofrece instrumentos para evitar-, sino más bien ante la perspectiva de que se cometa un acto constitucional o administrativamente inválido. Así, la impugnación de la candidatura sólo tiene sentido una vez ocurrido. Otra cosa -y ese aroma desprenden las urgencias del Gobierno- es el estado de nervios que haya provocado en Moncloa las bochornosas piruetas jurídico-políticas de Puigdemont, a lo que hay que sumar la sensación de 'sorpasso' que le infunde Ciudadanos.
La incansable y bien engrasada maquinaria propagandística independentista ya se ha cebado con el rechazo del Consejo de Estado.
Valoraciones al margen sobre la capacidad del separatismo para argumentar lo mismo y lo contrario sin pudor -y la docilidad con la que sus fieles asumen sus consignas-, es cierto que el Gobierno no puede permitirse fallos basados en un retorcimiento de la ley, dado que el respeto a la ley ha sido su gran baza para combatir el 'procés'.
Dicho eso, el intento de equiparar la actuación del Ejecutivo sin el aval del Consejo de Estado con el de la Mesa del 'Parlament' actuando en contra de los informes de los letrados sólo puede responder a la ignorancia o a la mala fe.
El recurso del Gobierno es la manifestación de una pretensión. Es decir, cree que se ha producido un acto contrario a Derecho -la designación como candidato a la investidura de Carles Puigdemont- y, en consecuencia, solicita al Tribunal Constitucional que así lo declare. La impugnación que ayer aprobó el Consejo de Ministros no es en sí un acto con efectos jurídicos directos, sino que es la solicitud a un tribunal para que dicte una resolución que sí los tenga. Si el Constitucional no da la razón al Ejecutivo, éste acatará la resolución. No hay -como denuncia el independentismo- fraude de ley, solo una demanda no atendida.
Las resoluciones de la Mesa adoptadas ignorando a los letrados, en cambio, sí son actos ilegales en sí mismos y, además, producen un daño conocido y querido sobre los diputados no separatistas. Cierto es que, en la medida en que no hay un aviso previo, la nueva Mesa no comete una acto delictivo sino sólo ilegal. Ahí está la diferencia entre Carme Forcadell y Roger Torrent. La primera desobedeció resoluciones judiciales que le advertían previamente de que estaba adoptando una senda contraria a la ley. Torrent aún no tiene una advertencia así. Ello, no obstante, no resta gravedad política al atropello que supondría autorizar la investidura telemática.
