El Gobierno español ha anunciado este viernes la expulsión del embajador de Venezuela en España, Mario Isea, tras declararle persona non grata, en respuesta al mismo movimiento que Venezuela emprendió este jueves contra el embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández.
Según ha informado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa tras el consejo de ministros, el Ejecutivo lamenta la decisión de Caracas y, ante una medida "de ese calado", actúa en "estricta aplicación del principio de reciprocidad".
El Gobierno adopta esta medida tras analizar un informe del ministro Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en una respuesta que para el Gobierno además de recíproca resulta "proporcional".
Méndez de Vigo ha explicado que la reciprocidad implica dar el mismo tratamiento dado a Silva, por lo que este movimiento supone la expulsión en un plazo de 72 horas del representante venezolano en España. Aunque, como ha recordado el ministro portavoz, Isea se encuentra fuera de España tras ser llamado a consultas por su Gobierno el miércoles, como represalia por el último paquete de sanciones adoptado por la UE.
Y ha cargado contra las repetidas declaraciones "fuera de tono" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A su juicio son "inaceptables" y no harán "cejar en la voluntad" del Ejecutivo de que se cumplan los Derechos Humanos en el país sudamericano.
El ministro portavoz ha reiterado, no obstante, la voluntad de mantener una relación con Caracas basadas en "el respeto, la amistad y la cooperación", aunque entiende que la acciones del Gobierno de Maduro "hacen difícil que se verifique ese deseo".
Pese a ello, Méndez de Vigo ha reafirmado que el Ejecutivo buscará que los venezolanos vivan en libertad, democracia y prosperidad desde el marco de la UE y las relaciones bilaterales.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, difundió este jueves un comunicado en el que declaraba al embajador "persona non grata" acusando al Gobierno español de "continuas agresiones" y de "injerencia". Venezuela reprocha especialmente a Madrid el haber liderado la iniciativa europea de imponer sanciones contra siete altos cargos del régimen, entre ellos el número dos, Diosdado Cabello.
Condena de la UE
La Unión Europea ha condenado "con firmeza" la decisión de las autoridades venezolanas de declarar persona non grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, y ha avisado al régimen de Nicolás Maduro de que las sanciones europeas impuestas a siete de sus altos cargos son consecuencia de una decisión justificada y tomada por "unanimidad" por los Veintiocho.
"La Unión Europea condena con firmeza la decisión de las autoridades venezolanas de declarar como persona 'non grata' al embajador español en Caracas y expresamos plena solidaridad con España", ha declarado en una rueda de prensa una portavoz de la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini.
La portavoz ha recalcado que las sanciones adoptadas a principios de semana por el bloque comunitario fueron adoptadas "por unanimidad de todos los Estados miembros", al tiempo que ha asegurado que cuando la UE toma este tipo de medidas lo hace porque están plenamente justificadas.
En este contexto, la Unión Europea pide a Maduro que la expulsión de Silva Fernández "sea revertida", teniendo en cuenta, además, la "necesidad de mantener los canales diplomáticos abiertos". La portavoz no ha querido contestar a la pregunta de si la reacción del Gobierno venezolano contra España podría acarrear nuevas sanciones y se ha remitido a lo dicho anteriormente para justificar las medidas emprendidas hasta la fecha.
Sobre las quejas que las autoridades venezolanas han trasladado también a los embajadores del resto de países de la Unión Europea en Caracas, desde Bruselas han replicado que cuando la Unión Europea adopta sanciones siempre lo hace con una "firme" justificación que es notificada a las autoridades del país en cuestión. "(Las sanciones) nunca son un objetivo como tal y, en este caso, el objetivo es animar a las autoridades de Venezuela a reconsiderar las acciones políticas que están poniendo en duda el Estado de derecho y el orden constitucional", ha expresado la portavoz.
