El epicentro de la política catalana volverá a trasladarse hoy al Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Penal celebra, a partir de las 10.30, la vista en la que se resolverá el recurso de Oriol Junqueras contra su situación de prisión provisional. Su puesta en libertad dispararía la presión de los republicanos sobre Junts per Catalunya para que, si Carles Puigdemont no vuelve de Bélgica, acepten investir a su líder como president.
Desde el entorno de ERC, no obstante, también se ponen en el peor escenario y ya maniobran para asegurar la presidencia de Junqueras incluso en caso de que el Alto Tribunal lo mantenga encarcelado. En este sentido, su letrado, Andreu Van den Eyde, recordó ayer que existe un precedente en el que Justicia permitió a un exmiembro de ETA y candidato de Herri Batasuna, Juan Carlos Yoldi, que se encontraba en prisión provisional, presentarse como candidato a lehendakari en sesión de investidura en 1987.
"[Junqueras] Tiene derecho a salir a defender su proyecto en la sesión de investidura y, si fuera investido, sería el presidente de la Generalitat y debería volver a la cárcel", expuso el letrado en Catalunya Radio. Así, para garantizar "que se mantenga el ejercicio de los derechos políticos" del exvicepresidente catalán, Van den Eyde aseveró que solicitará su traslado a una cárcel catalana para facilitar que pueda acudir a los Plenos del Parlament.
Así, sea liberado o no, los republicanos tratan de garantizarse la presidencia del Govern en caso de que Puigdemont no pueda ser investido por permanecer huido.
Por ahora, el expresident sigue sin desvelar sus planes y, ante esta perspectiva, los miembros de Junts Per Catalunya insiste en explorar la posibilidad de llevar a cabo una investidura telemática. Una opción a la que se resiste Esquerra, que incide en recordarle a Puigdemont su compromiso adquirido en campaña electoral de que volvería en el caso de que su lista ganara las elecciones del 21-D.
La Fiscalía, en contra
A pesar de que se preparan para todos los escenarios, ERC confía en que el Supremo acceda a liberar a su líder, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre. Para ello, su defensa lleva semanas subrayando su acatamiento de la legalidad y su renuncia a la vía unilateral para conseguir la independencia.
Su petición contará con la opinión en contra de la Fiscalía, que ha solicitado a la Sala que mantenga la opinión del instructor, Pablo Llarena, que el 4 de diciembre ordenó que tanto él como el exconseller de Interior, Joaquim Forn, y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes de la ANC y Òmnium, permanecieran en prisión. El juez estimó que existía riesgo de reincidencia, por lo que, para su liberación debería constatarse "que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido o que, paulatinamente, se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real".
Entidades
