El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado el próximo 11 de enero, a las 09:30 horas, al exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para tomarles declaración, tal y como ellos habían solicitado, han informado fuentes jurídicas. Jordi Sànchez no podrá salir de prisión para hacer campaña.
La petición de estas tres declaraciones se realizó por sus respectivas defensas tras conocer la decisión de Llarena -que les investiga por sus responsabilidades en el denominado 'procés', que concluyó con la declaración de independencia, el pasado 27 de octubre- de mantenerlos en prisión incondicional, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras.
Se trata de los únicos cuatro investigados en esta causa que continúan en prisión preventiva, puesto que Llarena sí accedió a acordar la libertad bajo fianza de 100.000 euros para otros siete exconsejeros que se encontraban en prisión desde el pasado 2 de noviembre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Por su parte, el magistrado del alto tribunal ya había dejado anteriormente en libertad a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y al resto de exmiembros de la Mesa también investigados en este procedimiento.
En el caso de Junqueras, su defensa no ha pedido que vuelva a declarar ante el juez sino la celebración de una vista de apelación ante la Sala -el órgano superior al instructor Llarena- para que ésta revise su permanencia en prisión. Llarena ha dado traslado de esta petición a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que se posicionen respecto a esta petición, por lo que la decisión del tribunal no se conocerá hasta al menos la próxima semana, han informado fuentes del alto tribunal.
En el auto en el que acordó la libertad de los miembros del exGovern en España llarena distinguió entre las actuaciones de éstos y los casos de Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart y argumentó que sus aportaciones a lo ocurrido estuvieron "directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella". En ese sentido, su auto recordaba varias actuaciones violentas como el "asedio" por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona.
Igualmente, Llarena diferenciaba entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los otros diez querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la "lesividad" que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.
"El riesgo de reiteración de sus conductas -añadía el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física", expone el auto.
En el caso de Junqueras, Forn y los 'Jordis' concluía el riesgo de reiteración delictiva "refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad".
El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, "sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real".
