La Fiscalía de Bruselas ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas de cara a la declaración de este viernes del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros de su Gobierno que huyeron a Bélgica antes de que se presentara la querella contra ellos por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
El Ministerio del Interior ha remitido a través de Instituciones Penitenciarias la contestación a las preguntas (un total de 14) planteadas por la Fiscalía belga. Fuentes penitenciarias han explicado que en el documento, de 15 páginas, se responde pormenorizadamente a cada una de las cuestiones planteadas por la Fiscalía, recordando aspectos como que Puigdemont mantendría en la prisión de Estremera el contacto con su abogado, de acuerdo a la legislación penitenciaria, y se cuidaría que no sufriera agresiones por parte de otros internos.
La Fiscalía belga se interesa por las celdas de aislamiento (que se utiliza sólo en caso de agresiones a funcionarios), la visita de familiares, la higiene o incluso la alimentación en las prisiones españolas. Interior explica que Puigdemont y los otros cuatro exconsellers ingresarían en la prisión de hombres en Estremera y las mujeres en Alcalá-Meco, una vez se autorice su traslado cumpliendo la orden de detención de la Audiencia Nacional.
Las citadas fuentes han explicado que uno de los razonamientos que se hacen en el documento es que "no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España por personas que han gestionado las cárceles en Cataluña", caso del expresident Puigdemont, "con los mismos estándares legales y elementos materiales" que en el resto de centros penitenciarios del país.
Se recuerda igualmente que la legislación nacional prohíbe la tortura y los malos tratos de acuerdo a la Constitución y que el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge que: "Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra".
Instituciones Penitenciarias recuerda que España recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y existe una "supervisión constante" del respeto a los derechos humanos en las prisiones por el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional.
También se alude a que la Administración Penitenciaria española está directamente supervisada por jueces de vigilancia penitenciaria, "independientes, integrantes del poder judicial y con amplias facultades para corregir cualquier desviación o abuso que pudiera producirse".
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que ya había facilitado la información reclamada por la Fiscalía belga. "Nadie nos va a dar ninguna lección a ese respecto", ha asegurado. "La petición se ha recibido y se le ha mandado toda la información absolutamente detallada. [...] España afortunadamente es un Estado de Derecho desde hace muchísimos años y la independencia judicial y la división de poderes es ejemplar", ha añadido el ministro, que ha enfatizado: "Nadie nos va dar ninguna lección a ese respecto". Zoido ha solicitado que se tome la decisión "conforme a la legislación vigente en Bélgica".
Lamela dictó el pasado 3 de noviembre órdenes europeas de detención contra el expresidente de la Generalitat y sus cuatro exconsejeros después de que un día antes no acudieran a declarar por su implicación en el desarrollo del 'procés' independentista. Además de los tres delitos que les imputó según la querella del Ministerio Público, añadió también prevaricación y desobediencia para los huidos.
En neerlandés, a petición de los acusados
Puigdemont y sus exconsejeros comparecerán mañana conjuntamente ante el mismo juez, que instruirá el caso en neerlandés a petición de los acusados, que eligieron este idioma para todo el procedimiento en detrimento del francés.
El juez podría tomar una decisión el mismo viernes si considera que cuenta con toda la información necesario para ello, aunque el escenario más probable apunta a que aplace su veredicto hasta estudiar las alegaciones presentadas por las partes. Los tiempos se alargarían también si alguna de las partes solicita más tiempo para preparar su argumentación y el juez lo autoriza.
Una vez se dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o las defensas de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso. Si esto ocurre, el caso se trasladará al Tribunal de Apelación.
