La Fiscalía de Bruselas ordenará a la policía detener al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsellers en las próximas horas, para así proceder a designar a un juez de instrucción que les tome declaración antes de decidir sobre sus euroórdenes, según han informado fuentes del Ministerio Público.
"Desde el momento que sean privados de libertad, podrán comparecer ante un juez", ha explicado la Fiscalía, que ha precisado que está en contacto con los abogados de Puigdemont y de los cuatro exmiembros del exgobierno autonómico desplazados a Bélgica: Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
Si bien deben ser detenidos, esto no significa que vayan a ser esposados "si no presentan resistencia ni riesgo de fuga", aunque sí estarán, en cualquier caso, "rodeados de policías", agregaron las fuentes de la Fiscalía de Bruselas, que se ocupa de los casos que hasta hoy trataba la Fiscalía federal de Bélgica.
Si el cesado expresidente autonómico y sus exconsejeros se encuentran en la misma región, lo más probable es que se designe a un mismo juez de instrucción, y no así si son detenidos en distintos puntos de Bélgica, agregaron las fuentes. Una vez "los interesados sean encontrados y llevados ante el juez, éste tendrá 24 horas para tomar una decisión" sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE), según explicó este sábado la Fiscalía federal en un comunicado.
Las tres decisiones del juez
El juez que instruirá el caso será designado en un máximo de 24 horas desde la detención de las cinco personas que reclaman las autoridades judiciales españolas y, a partir de ahí, éste tendrá otras 24 horas para decidir si la petición se ajusta a derecho. También decidirá si Puigdemont y los otros cuatro miembros del exGovern deben "permanecer en prisión o puestos en libertad bajo condiciones" que impidan su huida, como la retirada de pasaporte o la vigilancia electrónica.
El tercer elemento sobre el que debe dirimir el juez de instrucción es si hay alguna "causa de rechazo" para denegar la euroorden, como por ejemplo que los buscados fueran menores de edad o que haya riesgo para los Derechos Fundamentales.
Un plazo máximo de 60 días
Si el juez concluye que las euroórdenes son ejecutables trasladará entonces el caso a la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) para que decida en un plazo de 15 días si se lleva a cabo o no la entrega de los cinco reclamados por las autoridades españolas.
Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.
La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.
