Entre su mar de medidas, la Ley de Transitoriedad catalana también contempla cambios en la Justicia. Para empezar, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se llamará Tribunal Supremo de la República.
Pero, más allá de meros nombres, lo que realmente preocupa es que la norma no explica si los actuales titulares conservarían sus puestos, si tendrían asegurada la jubilación, o quién les pagaría si se produjera la desconexión de España.
"En el caso de Escocia, los ciudadanos sí sabían lo que les depararía el futuro. Pero aquí nadie explica nada", asegura un juez. Los magistrados comentan también que la mayoría de ellos no han nacido en Cataluña.
"Esto nos inquieta más, ya que el independentismo solo busca jueces catalanes de su cuerda para hacer lo que quieran", añade un alto funcionario de este estamento quien, sin embargo, encuentra un motivo para tanquilizarse: "Menos mal que todo este disparate secesionista no tiene ningún futuro".
