
La Comisión Europea y el Gobierno español mantuvieron ayer la tensión por las ayudas al sector naval. El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, defendió su papel al indicar que "no podemos recibir instrucciones de ningún país" y rechazó la posibilidad de que pueda influirse en su criterio, por ser español.
El comisario recalcó que "haríamos un mal servicio a la UE si pensamos más en los intereses de un país, sea el nuestro o sea otro, que en los intereses del conjunto". Almunia además echó más gasolina al fuego al rechazar las voces alarmistas de los astilleros cuando aseguran que la devolución de las ayudas fiscales del tax lease les aboca al cierre y con ello se destruirán casi 87.000 empleos e insiste en que "ni un solo astillero tiene que devolver un solo euro", que los que se beneficiaron de las ayudas fueron los navieros y los grupos de inversores.
Aseguró que los contratos de responsabilidad patrimonial que tienen con los astilleros no son válidos, ya que "cuando los contratos van en contra de las obligaciones jurídicas que derivan del marco europeo, esos contratos no existen jurídicamente". Piden reunión esta semana El ministro de Industria, Jose Manuel Soria, reclamó una reunión urgente con el comisario español y con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, con el objetivo de que se "reconsidere" la sanción a España antes de que sea decisión firme del Colegio de Comisarios.
Por ese motivo, ayer mismo se puso ya manos a la obra y reunió a los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco, para realizar una declaración conjunta, a la que también se sumó la patronal Pymar y los sindicatos, en la que aseguran que cuentan con "sólidos argumentos jurídicos que avalan" en contra de la devolución de las ayudas españolas y también su "firme convicción" de la que la UE "no puede permitirse hundir todo un sector industrial de un Estado miembro" porque agravaría su crisis económica y el problema del desempleo.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que "nadie puede condenar a la defunción" al sector de los astilleros españoles "por cumplir la ley".
'Tax lease' y vacaciones fiscales
El presidente de la patronal vasca Confebask, Miguel Ángel Lujua, compara el tax lease naval con los polémicos incentivos fiscales vascos de los años noventa, conocidos como "vacaciones fiscales" al denunciar cómo "una vez más" se obliga a la devolución a las empresas que lo único que hicieron fue acogerse a normativas legalmente vigentes.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Bilbao se mostró tajante al asegurar que "el Estado español es el responsable político de las ayudas a los astilleros" y por tanto considera injusto obligar a devolver las ayudas a las empresas que no hicieron más que acogerse a la ley.