'Todos a una, como en fuenteovejuna' es lo que sucedió ayer en Madrid cuando el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, anunció que propondrá que la Bruselas obligue a España a recuperar cerca de 3.000 millones en ayudas fiscales al sector de construcción naval español, articulado a través del sistema tax lease, que según la patronal de los astilleros privados Pymar supondrá la destrucción de casi 87.000 empleos. Almunia fue duramente criticado por Pymar, por los sindicatos, por el ministro de Industria, José Manuel Soria, por todos los partidos políticos, incluido el PSOE y por varios gobiernos autonómicos.
El ministro de Industria reclamó a Almunia y a Bruselas una 'rectificación' de la posible sanción por el daño un 'irreversible' que causará en el sector naval y en la economía española. El ministro recalcó que el naval es un sector competitivo y que ha hecho un 'enorme esfuerzo por modernizarse'.
Almunia, vivió ayer en Madrid un duro enfrentamiento público con el presidente de la patronal de los astilleros españoles Pymar, Álvaro Platero, que le acusó de abocar al 'cierre inmediato de los 19 astilleros de España y el final de la construcción naval' del que dependen 87.000 empleos.
El comisario, que participaba en una conferencia del Forum Europa, fue increpado por Platero, después de que anunciase que él mismo llevará a Bruselas la propuesta de 'obligar a la devolución' de las ayudas públicas que recibió el sector, en forma de desgravaciones fiscales, por ser incompatibles con el mercado único europeo y la libre competencia. El montante de las ayudas ronda los 3.000 millones. Pymar asegura que esto arruinará a los astilleros, no sólo por la devolución misma de las ayudas, sino porque les dejará sin financiadores que les apoyen de cara al futuro y sin compradores que quieran volver a contratar con ellos.
La decisión final de Bruselas sobre el la posible devolución de las ayudas del tax lease se conocerá el 17 de julio.
En su enfrentamiento con el presidente de Pymar, Almunia insistió en que la devolución de las ayudas no recaerá sobre los astilleros, sino sobre los beneficiarios de las ayudas, que fueron los inversores y navieros que compraron los barcos.
Así a los que el Gobierno español deberá exigir las devoluciones de las ayudas serán a los compradores de los barcos, en su mayoría armadores extranjeros; a bancos financiadores como Santander, Caixabank, Popular, etc; así como a los inversores privados que participaron en el tax lease entre los que están firmas como Inditex, FCC, etc.
España 'discriminada'
El ministro José Manuel Soria, Pymar, los sindicatos navales, todos los partidos (incluido el PSOE) y varios gobiernos autonómicos rechazaron la posición de Almunia. Le acusaron de 'discriminar' a España, ya que cuando Francia se vio en un litigio similar en 2005, no se le obligó a devolver las ayudas.
Soria reclamó a Almunia y a Bruselas una 'rectificación' en la sanción por el daño un 'irreversible' que causará en el sector naval y en la economía española.
La patronal Pymar asegura que ganará el litigio ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero será 'demasiado tarde', porque las sentencias tardaran varios años en llegar.
Litigio internacional
El tax lease permitía reducir entre un 20 y 30 por ciento el precio del buque. La mayor parte de la reducción, entre un 85 ó 90 por ciento, se repercutía en los armadores compradores y los otros 10 y 15 por ciento en los inversores y financiadores. Todos estos serán los que deban devolver las ayudas. Pero la mayoría de los compradores son extranjeros, por lo que el Gobierno español deberá cursar ordenes de devolución internacionales, gestión que será muy complicada y perjudicará aún más la imagen de España y de su sector naval.
