Residencial Montecarmelo denuncia las limitaciones de voto y del derecho de información aprobadas y pide imponer costas.
Ya estaba anunciado, pero ya es una realidad, ACS e Iberdrola volverán a verse las caras en los juzgados esta vez con motivo del recurso que la constructora ha promovido contra varios de los asuntos aprobados en la última junta de accionistas del grupo eléctrico, celebrada el pasado 27 de mayo, que implicaban modificaciones de los estatutos de Iberdrola.
El titular del Juzgado de los Mercantil Número dos de Bilbao, Aner Uriarte, ha admitido a trámite la denuncia tramitada a través de Residencial Montecarmelo sobre una decena de puntos. Además de solicitar su anulación, la representación de ACS, exige la imposición expresa de costas a Iberdrola.
Los artículos denunciados por ACS hacen referencia a los cambios promovidos por Ignacio Sánchez Galán en materia de limitaciones de voto y limitaciones a la exigencia de tener que facilitar información sobre asuntos que no se consideren pertinentes ni oportunos.
Los acuerdos sobre los que se piden la anulación total o parcial se encuentran en los puntos 13 y 14 del orden del día de la junta (artículos 9, 28, 20, 27, 30, 36, 56, 57 y 58). Uno de los más polémicos, el número 30, contempla la limitación del derecho de voto para aquellos accionistas que se ?hallen en conflicto de interés? con Iberdrola.
Precisamente el conflicto de intereses fue el nudo gordiano del anterior recurso de ACS contra Iberdrola en los juzgados de Bilbao con motivo de la junta de accionistas de 2010, en que la junta destituyó al consejero de Residencial Montecarmelo por estimar que estaba en dicha situación.
En enero pasado, el Juzgado de lo_Mercantil Nº1 de Bilbao, falló en contra de ACS al estimar que la decisión de la junta fue correcta al existir un conflicto de intereses.
