La condena genérica a las denominadas puertas giratorias entre el sector público y la empresa constituye un error. Truncar la carrera de un profesional por el mero hecho de que ha desempeñado un cargo en la Administración supone una discriminación y un desincentivo radical para toda persona que se plantee servir a la res publica. Del mismo modo, nada más equivocado que privar a la empresa de la experiencia que supone haber trabajado para una institución. Sin embargo, es indudable que no cabe hacer un uso abusivo de las puertas giratorias hasta el punto de dejar desvirtuados los órganos de gobierno de una empresa.
Ése es el caso del consejo de administración de OHL México. Resulta difícil encontrar un criterio técnico o de gestión capaz de justificar la avidez que dicha empresa muestra a la hora de reclutar ex altos cargos administrativos de la más diversa procedencia (servicios sociales, política regional o, por supuesto, infraestruturas), para permitirles acaparar más de un tercio de los puestos del consejo (cuatro sobre once), entre los que figuran los de mayor peso. No en vano el mismo presidente de ese órgano ejecutivo es José Andrés de Oteyza, exsecretario federal de Fomento, junto a quien se halla un exministro de Transportes, Carlos Ruiz.
Es más, Oteyza, como gobernador del Estado de México, otorgó a OHL la concesión del Viaducto Bicentenario, ahora bajo sospecha por una presunta elevación irregular de peajes en beneficio de la empresa.
La filial de la constructora española ha creado, por tanto, una cohorte de expolíticos a su alrededor que, según apuntan los indicios, se relaciona con la obtención de concesiones e, incluso, con posibles tratos de favor.
