La banca se agarra a la letra pequeña de Mifid para vender solo sus fondos

8:33 - 15/09/2017
  • No está claro si un fondo de fondos puede tratarse como producto de terceros
  • Busca que Economía abra más la lista de supuestos para cobrar retrocesiones
El Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos ha elaborado la nueva Ley del Mercado de Valores.

El próximo lunes vence el plazo de la consulta pública sobre el borrador de la nueva Ley del Mercado de Valores que ha elaborado el Ministerio de Economía para trasponer la Directiva Europea Mifid II. La gran sorpresa del mismo fue la negativa del Gabinete de De Guindos a incluir un cuarto supuesto, promulgado por la banca que permitiera a los distribuidores que no ofrezcan asesoramiento seguir cobrando retrocesiones (comisiones que las gestoras ceden a las redes) sin vender producto de terceros.

Desde la banca dan posibilidades casi nulas a que el Ministerio recule y acepte finalmente incluir esa propuesta, pero se está intentando que al menos el gabinete de De Guindos tenga a bien dejar la lista de supuestos (para seguir cobrando retrocesiones) abierta "con otros en los que se consiga mejorar el servicio y que el regulador sea quien decida si lo que se hace vale o no", apuntan desde el sector financiero. De hecho, la AEB se queja de que la trasposición española sea más restrictiva que la que se está realizando en otros mercados europeos ya que por ejemplo en Alemania se ha aceptado el hecho de tener una oficina como servicio que aporta valor añadido.

En España, sin embargo, lo que dice el borrador es que las comercializadoras deberán ofrecer sí o sí producto de terceros y que las entidades que den asesoramiento no independiente solo podrán cobrar estos incentivos si se cumplen con tres supuestos y ninguno más. El primero es que preste: asesoramiento no independiente respecto a una amplia gama de productos incluyendo "un número apropiado de fondos de terceros"; acceso "a un precio competitivo" a una amplia gama de instrumentos financieros que incluyan instrumentos de terceros o bien que "ofrezca informes periódicos de rendimientos, costes y cargos asociados a instrumentos financieros"; o un asesoramiento no independiente sobre inversión "combinado con una oferta cuya idoneidad se evalúe anualmente".

Este último punto es el único que podría permitirles evitar la venta de fondos diferentes a los de sus gestoras por lo que, según explican desde Finreg360, "se está intentando que los requisitos para dar ese servicio se adapten a las peculiaridades de cada red porque implica muchos costes tal como está expuesto". En todo caso, también deben cumplirse los otros dos supuestos: que esas comisiones "no beneficien directamente a la empresa receptora, a sus accionistas o empleados sin que haya un beneficio tangible para el inversor" y que esos incentivos estén justificados porque dan un "beneficio continuo al cliente".

¿Aceptamos fondo de fondos?

Su justificación oficial para defender el statu quo actual es que el borrador, tal y como está hoy, puede desencadenar "una exclusión financiera, encarecimiento del producto y el desplazamiento del ahorro a otros productos financieros", según afirma Inverco. Sin embargo, desde el mismo sector financiero afirman que "no se dejarán de vender fondos en las redes, ya que los activos fuera de balance están muy bien valorados por los bancos". La causa menos oficial es que obligar a los distribuidores a poner al mismo nivel sus fondos con los productos de terceros puede mermar considerablemente sus ingresos por retrocesiones -según los datos de la CNMV, las gestoras retroceden a las redes comerciales un 63% de sus comisiones-.

Junto a esto, los esfuerzos de las entidades también se están concentrado en analizar la letra pequeña del borrador para ver si, al menos en los casos de asesoramiento no independiente, pueden evitar poner en el mismo escaparate sus fondos y los de la competencia. "En el borrador no se especifica que se deban vender fondos de terceros sino productos de terceros y tampoco sabemos si vale con la arquitectura guiada o no", apuntan fuentes de una gran gestora española, lo que significaría mantener en gran medida el modelo vigente.


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