Todavía quedan muchos flecos por cortar en torno a la reforma que los políticos plantean para las sicavs. Tras el pacto entre el PP y Ciudadanos para la investidura, las medidas incluidas por ambos en sus programas se han concretado en dos puntos: devolver a la Agencia Tributaria el control de las sicavs en lugar de la CNMV y que un inversor esté obligado a controlar un 0,55% del producto de inversión.
Una medida, esta última, que se ha ganado a plomo las críticas de la industria. ¿Estarán también englobados aquellos vehículos que son verdaderamente colectivos? ¿qué ocurre con aquellos de más de 500 accionistas que son traspasables sin tributar? Ciudadanos le pasa la pelota al PP y este último no concreta nada nuevo.
"Lo fundamental en un acuerdo de investidura es abordar esta situación", explica Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos y portavoz de Economía. Se refiere a que una sicav esté controlada por un inversor y 99 mariachis (que son meramente nominativos para el cómputo final de 100 inversores mínimos).
No obstante, De la Torre justifica que "lo del 0,55 % es una cosa que viene en el programa del PP" y deja la responsabilidad en estos últimos. Eso sí, no sin antes criticar que "es una norma muy dura" y que "no deja de ser curioso que en todos estos años el PP no haya querido oír hablar del tema y ahora ponga esta norma de dispersión". En cuanto a las sociedades con más de 500 accionistas, De la Torre reflexiona que "a lo mejor pueden tener otras reglas de cómputo" -ponerle otros números clausus-.
Desde la sede del PP en Génova 13, sin embargo, no dan más detalles; y aseguran que no los habrá "hasta que llegue la reforma". Tampoco saben más que decir en el Ministerio de Economía, ni en el de Hacienda. Sí lo hacen los expertos consultados por este diario para los que, en general, el problema de este cálculo es que se verán perjudicadas, además de las sicavs familiares, muchas sociedades en las que no hay mariachis.
Las más afectadas
Evidentemente, a más patrimonio bajo gestión más se incrementará su inversión mínima. Lo que explica que, por ejemplo, en sicavs como Torrenova Inversiones, de Banca March, este mínimo del 0,55% podría llegar a suponer hasta 7 millones de euros, según su patrimonio actual, muy por encima de los 10 euros en los que se sitúa ahora su valor liquidativo (se puede acceder a una sicav a través de una participación ya que cotizan en el MAB). Por eso, Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, considera que la citada norma "consigue el efecto contrario, ya que supone elevar mucho la inversión mínima para invertir en una sicav cuando hasta ahora todo el mundo las podía comprar".
El cálculo crea, además, situaciones "absurdas" para José Sánchez, presidente de Smart Social, como que "una sicav de 600 accionistas con 4.000 euros cada uno no sería catalogada como Institución de Inversión Colectiva (IIC) al tener todos un 0,16%", explica a este respecto.
Otros profesionales de la gestión que prefieren no ser citados confiesan que "hasta que no se sepa claramente por dónde van los tiros, de momento, esperar y ver". A la vez que algunos ya están viendo escapar alguno de sus vehículos a Luxemburgo. De hecho, hay que remontarse hasta el pasado 22 de abril para encontrar la última sociedad de inversión de capital variable debidamente registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Y es que el desgobierno en España y la utilización de estos productos para hacer campaña política han provocado que, en lo que va de ejercicio, casi 200 vehículos hayan desparecido, bien por disolución bien por absorción por parte de fondos de inversión o sicavs.
El sector se queja
Para Jordi Viladot, presidente y director general de Gesiuris Asset Management, la exigencia de que un inversor tenga que poseer, como mínimo, el 0,55% del capital de una sicav "es una paradoja matemática, una falacia". Es más, no cree que casi ninguna sociedad ni fondo español la cumpla.
"Yo tengo una de 42 millones con 200 y pico partícipes, ¿no es sicav?", critica el gestor. No es la única, en total, Gesiuris gestiona 37 vehículos, según los datos de Morningstar y es, junto a Banca March, la firma que aglutina más sociedades traspasables (en ambos casos son tres las que tienen más de 500 partícipes).
La ley exige que las sicavs reúnan al menos esa cantidad para que sus inversores puedan beneficiarse de la ventaja fiscal que tanto gusta de los fondos de inversión: la que permite que los traspasos no tributen por las plusvalías generadas hasta que llegue el momento del rescate. Las que no lo cumplan, tienen que tributan cuando hagan traspasos como rentas del capital.
Por su alto número de inversores, se da por hecho que estos vehículos son de naturaleza colectiva y no sicavs familiares, aunque para Viladot no es condición sine qua non: "¿Por qué tiene que tener 500 partícipes y no 200?" Por eso mismo, cree que la norma "pone en jaque a gestores como Gesiuris que tiene tantas sicavs no dominadas por un grupo familiar". "Entiendo que políticamente tendrían que tener mucho cuidado para acertar con qué medidas ponen fin a las sicavs familiares, pero las que son abiertas, en las que nadie tiene una posición dominante, como un fondo, tendrían que ser definidas dentro de la norma para que no hubiera paradojas", añade.
Un cálculo erróneo
El objetivo PP-C?s de acabar con los mariachis podría tener un daño colateral. Si se creara una sociedad de acuerdo a estos criterios, en la que los 100 inversores tuvieran un 0,55% del capital y, de repente, "entrara uno que posee un patrimonio elevado, se rompe el computo entre los demás", remata.