Los inversores han decidido dar una tregua a la deuda catalana. Tras castigarla con fuerza después de la rebaja de rating de S&P, los movimientos de acercamiento que han realizado los Ejecutivos de Mariano Rajoy y de Carles Puigdemont se han traducido en un tiempo de gracia para la deuda catalana.
Aunque los intereses que se le exige a las emisiones de la Generalitat casi multiplican por 10 veces los de un bono gemelo colocado por el Reino de España, la realidad es que, en las últimas semanas, al menos el ascenso se ha contenido y la rentabilidad se mantiene en el 4,42%. No obstante, la prima de riesgo entre Cataluña y España (la diferencia en intereses que se pide a un bono respecto al otro) sigue cerca de máximos en los últimos doce meses.
Este pequeño respiro, sin ser un síntoma de que los mercados están más tranquilos acerca de las relaciones entre el Gobierno catalán y el central, al menos deja entrever que valoran que se hayan reabierto las puertas al diálogo. Tras la entrevista entre presidentes la semana pasada, hoy se reúnen Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda y Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del Gobierno.
El eje social del encuentro
El planteamiento de esta entrevista será tratar "los temas del día a día" y, probablemente, insistir en los problemas de financiación y también las leyes de protección social que el Gobierno de Puigdemont quiere poner en marcha.
Uno de los ejes clave del plan de Gobierno de la Generalitat en esta legislatura se fundamenta en desarrollar la Ley 24/2015, que todavía el gobierno central no ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Carles Puigdemont pidió a Rajoy que no fuera frenada y, por el momento, el Ejecutivo español lo ha respetado.
Puigdemont pretende, a través de esta ley, desarrollar una parte de su plan de choque social; especialmente aquellas áreas que regulan la vivienda -la Generalitat quiere impulsar los parques públicos y regular desahucios y viviendas vacías- y la pobreza energética.
La Ley 24/2015, por ejemplo, impide que se puedan aplicar cortes en los suministros de agua, luz y gas a familias que impaguen. El Gobierno catalán quiere que las empresas asuman el 50% del coste de esta medida. El plazo tope para poder recurrir ante el Constitucional esta normativa finaliza el próximo 5 de mayo.
El miércoles, Soraya Sáenz de Santamaría se mostró dispuesta a dialogar con Oriol Junqueras sobre los temas que puedan mejorar "las condiciones" de los ciudadanos de Cataluña, pero ya adelantó que otros problemas no son negociables, como es la independencia de Cataluña. De hecho, el verdadero gran eje del plan de Gobierno de Carles Puigdemont es crear las estructuras de Estado necesarias para impulsar la secesión. Estas estructuras -la Hacienda, la Seguridad Catalana y el marco jurídico propio- también hay que financiarlas y Cataluña no se ha echado atrás en este proyecto.
El gesto del ICF
Por el momento, el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado una de cal y otra de arena al catalán. El pasado viernes recurrió ante el Tribunal Constitucional tres leyes autonómicas, pero ayer, tal como explicó la Generalitat, se alcanzó un acuerdo para frenar el recurso que impediría que el ICF se convierta en un banco público.
Para los independentistas catalanas esta aceptación es un triunfo, ya que a través del ICF, que quedaría dentro de la red de bancos europeos, puede obtener recursos directamente en el mercado. De hecho, la Generalitat, en un comunicado, destacó ayer que con estos cambios el ICF podrá ?operar de manera supervisada, regulada y transparente dentro de la Unión Bancaria Europea?.
El reparto del déficit y la flexibilización de la financiación serán otros temas que probablemente se traten mañana.
