El juzgado de quiebras de EEUU está que arde. Y no precisamente porque con la crisis tenga mucho más trabajo, sino porque se ha convertido en el patio de juegos de muchos grandes inversores y de fondos de inversión libre (hedge funds). Estos aprovechan para comprar deuda barata de compañías con problemas financieros y después utilizan complejas técnicas de negociación para conseguir beneficios. Es lo que, según el Wall Street Journal, se conoce como "la bolsa de la bancarrota".
Aunque se trata de una práctica legal, recibe muchas críticas, ya que la interferencia de grandes inversores puede poner en desventaja al resto de acreedores involucrados en la quiebra de la empresa, e incluso puede estorbar a las autoridades judiciales a la hora de negociar el mejor acuerdo para los bonistas.
Además, plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso y la equidad de acreedores. Harvey Miller, abogado experto en bancarrotas del bufete Weil, Gotshal & Manges, explica que "hay gente muy experta cuyo objetivo principal es obtener una ganancia material. Se cambia de un enfoque rehabilitador a un enfoque de casino: '¿cómo gano dinero?", añade, en declaraciones recogidas por Wsj.
Un "servicio" a acreedores y empresas
Los hedge se defienden afirmando que se limitan a ofrecer un servicio a dos niveles: por un lado, compran los bonos de aquellos que no están en condiciones de esperar durante años para recuperar su dinero. Y por otro, en ocasiones ofrecen préstamos a las compañías insolventes para que puedan continuar con su actividad.
Sin embargo, los conflictos que han provocado algunas entradas de fondos libres en la deuda de firmas en apuros han hecho que las autoridades judiciales se planteen cambiar las reglas del juego para que los acreedores que operen con deuda de empresas en concurso aporten una información más detallada de sus movimientos.
La clave está en la capacidad de los bonistas en influir en la reorganización de las compañías en quiebra. La labor del Tribunal de Bancarrota es proteger a la empresa para desarrollar un plan de viabilidad que le permita afrontar sus deudas y poder continuar su actividad, y para eso designa un comité de acreedores, que se encarga de supervisar la reorganización de la firma en cuestión.
Los bonistas que integran este comité, por la información privilegiada a la que pueden tener acceso, no pueden realizar operaciones con sus títulos.
Lagunas legales
Pero más allá del comité oficial, muchos inversores poderosos y hedge funds suelen unir fuerzas en la sombra para influir en la negociación.
Una de las posibles soluciones es que los que integran esos comités paralelos estén obligados a hacer públicas sus operaciones con la deuda de la compañía en cuestión, igual que sucede con los miembros del comité oficial. Sin embargo, hay una pega obvia: es complicado que algunos fondos admitan que forman parte de un grupo que busca influir en los procesos de quiebra.
En EEUU hay 840 bancos en riesgo de quiebra