"La nueva Ley de Contratación Pública deja suficientes gateras abiertas como para que se pueda colar la corrupción, como ocurre con el caso de los contratos menores, los tribunales locales que van a generar problemas", afirmó ayer José Manuel Martínez, director del Observatorio de Contratación Pública del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en una jornada organizada por Transparencia Internacional España.
Martínez señaló también, que la nueva Ley no solventa un problema como es el que existan diferentes plataformas en la contratación electrónica, puesto que "no facilitan el que las pequeñas y medianas empresas puedan presentarse".
Para José María Gimeno, presidente del Observatorio de Contratación Pública, el proyecto de Ley dejaba huecos para las redes clientelares, pero se ha mejorado mucho en el transcurso de su tramitación parlamentaria. Así, por ejemplo, señaló que "se han recortado las posibilidades de modificar las condiciones una vez adjudicado el concurso, lo que aportará transparencia".
Para Rafael Domínguez, abogado del Estado Jefe del Ministerio de Fomento, la eficacia de la oficina de control -artículo 232 de la Ley- dependerá de los medios materiales y personales de que se la dote.
Concepción Campos, representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recordó que la nueva norma responsabiliza a los secretarios municipales del cumplimiento de las normas de transparencia, lo que va a suponer una importante mejora con respecto a la situación actual.
Menos de la mitad cumple
Así, a la espera de que entre en vigor la nueva normativa, las instituciones públicas continúan mostrando un alto nivel de incumplimiento de la normativa legal sobre contratos, según las conclusiones del cuarto informe sobre el cumplimiento de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, realizado por Transparencia Internacional España y el Observatorio.
De los 110 grandes Ayuntamientos españoles analizados, eran solo 29 en enero de 2016 y 56, en mayo de 2017, los que cumplían. En octubre de 2017 ha aumentado algo este número, pasando a ser 61 las corporaciones locales que publican en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que indica que el 45 por ciento de los 110 grandes Ayuntamientos sigue incumpliendo esta obligación legal.
En el caso de las comunidades autónomas, eran tres en enero de 2016 las que cumplían la normativa legal, y 10 en marzo de 2017. En octubre de 2017 han pasado a ser 13 -de las 17 totales-, lo que supone un 76 por ciento de las Comunidades, las que la cumplen, pero sigue siendo alta la proporción, el 24 por ciento, las que siguen sin cumplir esta normativa legal.
En lo que se refiere a los 19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos), en enero de 2016 eran cinco los que cumplían la norma; en mayo de 2017 pasaron a ser nueve, esto es, los mismos que en octubre de 2017. Son por tanto menos de la mitad -un 47 por ciento- los Parlamentos que cumplen la norma y publican sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Para Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, "no deja de ser significativo que el Congreso de los Diputados y el Senado continúen incumpliendo".
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