Las fluctuaciones de la demanda y la oferta de justicia en la Jurisdicción Civil en España se coloca como tercera economía más litigiosa de la OCDE -ya sea en términos per cápita o en relación a su riqueza-, entre 2004 y 2014, según explica la profesora de la Universidad de Granada, Virginia Rosales, en el último número de Papeles de Economía Española, editado por Funcas.
La autora acredita cómo, a pesar de que la oferta de justicia ha aumentado en los últimos años, el sistema aún se encuentra congestionado, pues la demanda se ha incrementado de forma espectacular, sobre todo durante la recesión. En esa década, los asuntos ingresados aumentaron un 74,2%, mientras que los resueltos crecieron un 95,4%. Sin embargo, la tasa de congestión en 2014 era del 153% y los procesos duraban 202,6 días de media. El aumento de la litigiosidad se debe, entre otras variables, a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2001 -que disminuyó costes de acceso-, a la crisis y al número de abogados.
Si a los asuntos ingresados se suman los asuntos pendientes al inicio, la carga de trabajo de los Juzgados pasó de 1.159.735 asuntos en 2004 a 1.966.303 en 2014, lo que supone un aumento del 69,5%. La autora considera que la rigidez organizacional de los juzgados no permite margen de maniobra, y resalta la necesidad de una mayor flexibilidad de manera que, en períodos de crisis, se pueda incorporar personal de apoyo en los juzgados.
Por otra parte, Marta Martínez-Matute y Juan S. Mora-Sanguinetti - Banco de España - estudian en su artículo los efectos en la litigiosidad del orden contencioso-administrativo y en la congestión de sus juzgados de dos reformas importantes: un cambio en el criterio de la imposición de costas procesales en 2011 y la ampliación, por primera vez, del pago de las tasas judiciales a las personas físicas en 2012.